El expresidente Alejandro Toledo señaló al juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, que está dispuesto a entregarse a la justicia norteamericana, una vez que agote las vías legales con las que busca suspender o anular su proceso de extradición al Perú.
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El exmandatario y su defensa requirieron así al magistrado no acceder al pedido del Gobierno de Estados Unidos de levantar la fianza que se le impuso para permanecer en libertad (bajo arresto domiciliario) y que pase a prisión preventiva para ejecutar la extradición, para que afronte el proceso judicial por el Caso Interoceánica.
“El gobierno argumenta que el doctor Toledo debe ser detenido con antelación a la fecha de entrega a fin de garantizar que realmente estará disponible para la transferencia de la custodia. Aquí, no hay razón para dudar de que el doctor Toledo estará disponible. Él está preparado para entregarse a los Alguaciles de los Estados Unidos antes de la llegada de los representantes del Perú. Su oficial de Servicios Previos al Juicio, que está en mejor posición que el abogado del gobierno para evaluar esta situación, no se opone a este plan”, expresó Jodi Linker, abogada pública que ejerce la defensa del exmandatario.
En el escrito, la letrada exige que “como mínimo” el juzgado debe garantizar que Toledo no volverá a un régimen de aislamiento y se hayan establecido las fechas para el arribo de las autoridades peruanas.
“Permitir que el doctor Toledo se entregue a los Alguaciles de los Estados Unidos una vez que se hayan hecho esos arreglos es el enfoque más humano. Alternativamente, la Corte no debería detener al doctor Toledo hasta que el gobierno le garantice que se han hecho los arreglos necesarios para asegurar que no será devuelto al confinamiento solitario o a la Cárcel de Santa Rita, que tendrá acceso a atención médica y psiquiátrica, y que el gobierno trabajará con Perú para minimizar la cantidad de tiempo que pase en custodia”, sostiene.
La defensa de Alejandro Toledo también argumenta que no debería revocarse su arresto domiciliario debido a que la jueza Laurel D. Beeler ha ordenado la suspensión de la extradición hasta que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito decida si el proceso se paraliza hasta que se resuelva el habeas corpus con el que pretende anular la deportación.
“Si esta corte detiene al doctor Toledo y el Noveno Circuito concede la suspensión, él podría languidecer durante meses bajo custodia mientras las partes esperan a que el Noveno Circuito resuelva su apelación. Incluso si el Noveno Circuito finalmente deniega la suspensión, las partes no saben cuánto tiempo tardará el Tribunal en hacerlo. (...) Sería “una crueldad innecesaria” dejar al doctor Toledo en la cárcel mientras las partes esperan una decisión del Noveno Circuito”, explica la defensora pública Jodi Linker.
En una parte del documento apelan incluso al supuesto racismo del que podría ser víctima el expresidente ahora que “la situación se ha vuelto significativamente más terrible” en el país.
“Actualmente, Perú se encuentra en un ‘estado especialmente violento, sedicioso y peligroso’ impulsado por prejuicios racistas contra indígenas peruanos como el doctor Toledo”, señalan ante el Tribunal Federal.
El expresidente y sus abogados aseguran que, por información de un representante del Servicio de Alguaciles de EE. UU., han conocido que, desde fines de febrero del 2023, ocho personas de la Cárcel de Santa Rita (seis reclusos y dos miembros del personal) dieron positivo al Covid-19.
Por ello, recuerdan que si bien Toledo está completamente vacunado, en pocas semanas cumplirá 78 años y su salud “es frágil”. Agregan que el expresidente toma medicamentos debido a problemas físicos y mentales.
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“Como un anciano con problemas de salud, Toledo sigue estando en mayor riesgo de enfermedad grave o muerte, un riesgo que aumentará dramáticamente si está bajo custodia”, alegan.
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