NO LA HA LIBRADO. La Fiscalía de la Nación decidió reabrir la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra por el presunto delito de colusión y, alternativamente, por negociación incompatible, por supuestas irregularidades en la compra de pruebas rápidas para detectar el covid-19 en marzo del 2020, argumentando la existencia de nuevos elementos de convicción, dos meses después de archivarlo.
El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, declaró fundadas las solicitudes de reexamen del caso presentadas por la procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, y la abogada Katherine Ampuero.
La nueva investigación preliminar, cuyo plazo será de 120 días, alcanza a los exministros María Antonieta Alva (Economía y Finanzas), Elizabeth Hinostroza y Víctor Zamora (Salud) por los mismos hechos y presuntos delitos.
Villena había archivado la investigación contra Vizcarra y sus exministros el 31 de mayo último. No obstante, precisó que la medida se basó en la falta de elementos que sustentaran las imputaciones, “mas no se señaló que el hecho investigado no haya constituido delito”.
El 24 de junio último, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó al fiscal de la Nación para que responda por el archivamiento del caso. Aunque no asistió alegando que tenía otro compromiso previamente acordado, la fiscalía informó mediante un oficio que evaluaba reabrir la investigación.
La disposición de Villena, a la qie tuvo acceso el diario El Comercio, da cuenta de los nuevos elementos de convicción que justifican la reapertura del caso.
El documento destacó declaraciones de la exministra Elizabeth Hinostroza ante la Comisión de Fiscalización del Congreso en noviembre del 2022, sobre cómo se gestó la compra de pruebas rápidas.
Otro elemento de convicción es un informe de la contraloría sobre las pruebas rápidas. Este menciona que no serían recomendables para la detección de casos en la fase inicial de infección por coronavirus.
El fiscal de la Nación también incluyó como nuevos elementos de convicción dos informes elaborados por peritos de la procuraduría anticorrupción. Uno concluiría que los funcionarios que intervinieron en la compra de las pruebas rápidas “habrían favorecido de manera ilegal” a dos empresas, ocasionando un perjuicio económico al Estado; y el otro, se refiere a la forma y circunstancia de la adquisición.
Otro elemento de convicción es un informe de la Procuraduría General del Estado que señalaría que la adquisición de pruebas rápidas “se habría realizado contraviniendo los lineamientos de la OMS [Organización Mundial de la Salud], la OPS [Organización Panamericana de Salud] y del propio Ministerio de Salud [Minsa]”.
Contenido GEC