Alejandro Toledo por fin está ya en el Perú, internado en el penal de Barbadillo, para responder por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión por el Caso Interoceánica, después de casi cuatro años de batallas judiciales que le significaron al Estado peruano un costo de más de 2 millones de soles, gran parte de ellos pagados al estudio jurídico Foley Hoag LLP, entre junio del 2019 y marzo pasado, por encargarse de la defensa de nuestro país en EE. UU.
Toledo tenía una orden de 18 meses de prisión preventiva dictada desde febrero del 2017, pero debido a las argucias legales de sus defensores lograba dilatar su entrega a la justicia, por lo que el Perú se vio obligado a contratar a un bufete que representara sus intereses en Estados Unidos.
Precisamente un mes después de que se hiciera el contrato con Foley Hoag LLP, el expresidente fue arrestado el 16 de julio del 2019 en California, por disposición del juez Thomas S. Hixson.
Según un informe del diario ‘El Comercio’, solo en el 2019, el Estado realizó ocho pagos por un total de S/ 1 millón 532 mil 766, de acuerdo con datos brindados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En el 2020, el Estado desembolsó otros S/ 361 mil 255 a Foley Hoag para continuar con el proceso de extradición, en ocho cuotas.
En 2021, la Procuraduría General del Estado amplió el contrato inicial, que solo era por dos años, debido a que el proceso de extradición seguía en marcha, y ese año el Estado desembolsó S/ 44 mil 178 a favor de Foley Hoag en cinco armadas.
Una nueva adenda se firmó el seis de abril del 2022, poco después de que Toledo presentara un recurso de hábeas corpus para frenar el proceso en su contra. Durante ese año, el Estado pagó S/ 187 mil 149 a Foley Hoag. Esta última ampliación fue precisamente hasta abril de 2023.
Este año se pagaron dos cuotas: una en enero de S/ 3 mil 523,05 y otra de S/ 3 mil 119,54 en marzo pasado. “(El estudio Foley Hoag) ha ido monitoreando este proceso, haciendo el seguimiento y probablemente dándonos las alertas que corresponden para que nosotros podamos evaluar las acciones que correspondan también desde nuestras competencias”, señaló a ‘El Comercio’ Silvana Carrión, procuradora ad hoc del Caso Lava Jato.
La extradición de Toledo también ocasionó gastos en pasajes y viáticos de funcionarios peruanos que fueron a EE.UU. para participar del proceso.
El fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, viajó a ese país del 18 al 21 de julio del 2019 por una audiencia de la Corte del Distrito Norte de California. Según el Ministerio Público, se destinó US$ 5 mil 219,62 por los pasajes aéreos, US$ 1056 como viáticos por cuatro días y US$ 40 por un seguro de viaje. Al tipo de cambio de esas fechas, el presupuesto por esa diligencia fue de S/ 20 mil 759.
En tanto, la procuradora Carrión viajó a Washington, EE.UU. del 20 al 25 de setiembre de 2021 para representar al Estado en diligencias por la extradición.
Según la resolución publicada en el diario oficial El Peruano, se destinaron US$ 680 en pasajes y US$ 2200 por viáticos en cinco días. Al tipo de cambio de esas fechas, el presupuesto por esa diligencia fue de S/ 11 mil 862.
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