En las redes sociales se debate con frecuencia si José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, lideró su rebelión por puros intereses personales o por una causa colectiva.
Hay quienes dicen que la revolución, que comenzó el 4 de noviembre de 1780 (hace 246 años), fue una reacción a que le ‘tocaron el bolsillo’. Historiadores peruanos y extranjeros —como el estadounidense Charles Walker, autor del libro La rebelión de Túpac Amaru— rechazan las visiones historiográficas que intentan deslegitimar el levantamiento y el impacto de lo que fue una de las revoluciones más masivas e importantes de la historia colonial.
Si bien era un curaca y comerciante rico del Cusco, dueño de tierras y mulas, las reformas borbónicas —como el alza de la alcabala y la explotación en la mita— afectaron a su negocio y a la población indígena bajo su cargo. Su posición como intermediario lo hizo testigo directo de la brutal explotación que sufría la población originaria.
Al principio, el levantamiento —que comenzó con la captura del corregidor Arriaga en Yanaoca y su posterior ejecución en Tungasuca (Cusco)— no exigía la independencia de España, sino acabar con los abusos de las autoridades reales. Sin embargo, el movimiento desbordó cualquier reclamo individual: movilizó a miles de personas (indígenas, mestizos y criollos) en una lucha genuina por cambiar las condiciones de vida.
Arriesgar su posición social y continuar su lucha contra la autoridad española demuestran que su causa fue mucho más allá del interés personal.
Luego de la ejecución de Túpac Amaru II el 18 de mayo de 1781, en la Plaza de Armas del Cusco, las autoridades españolas se vieron obligadas a aplicar varias de las reformas económicas y administrativas que el líder indígena exigía, para evitar nuevos levantamientos. Por ejemplo, se eliminó la figura del corregidor y se crearon las intendencias y la Audiencia del Cusco.
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