Radical decisión. La Policía Nacional resolvió cambiar al 100% de los efectivos que laboran en la comisaría de Canto Rey, en San Juan de Lurigancho, donde la niña de 11 años asesinada por ‘El monstruo de la bicicleta’ se hizo humo el pasado 1 de febrero después de asistir a un taller de verano que se dictaba dentro de sus instalaciones.
Así lo anunció en conferencia de prensa el teniente general PNP Gustavo Hananel García, inspector general de la Policía Nacional, tras realizar una visita a las instalaciones de la comisaría de Canto Rey para recoger información sobre la actuación de los efectivos policiales ante la denuncia de la desaparición de la pequeña Jimena.
Hananel García indicó que la medida también alcanza al comisario de Canto Rey, comandante PNP Carlos Chávez Bravo, y el capitán Pierre Alvarado Pariño, quien se encontraba en calidad de encargado debido a que el responsable de la citada dependencia policial no se encontraba presente debido a que estaba haciendo uso de sus días de descanso.
En ese sentido, el mando policial señaló que a todos los agentes separados se les abrió procedimiento disciplinario por no cumplir con los protocolos establecidos por ley y serán puestos a disposición de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional para que desarrollen, en tanto dure la investigación correspondiente, otras actividades que no sean operativas.
Asimismo, la Inspectoría General de la Policía Nacional indicó que, en las últimas 72 horas, desarrolló una serie de diligencias con la finalidad de establecer los procedimientos policiales que se han realizado respecto a las denuncias o intervenciones que César Augusto Gustavo Alva Mendoza (38) tenía en diferentes dependencias policiales.
Es así que descubrieron que en la comisaría de Mariscal Cáceres, Alva Mendoza registraba dos hechos: uno del 2 de abril de 2014 por delito contra la salud pública donde fue intervenido con 248 envoltorios de al parecer PBC y otra que responde a una denuncia por delito contra la libertad sexual - violación sexual en agravio de una menor.
“En ambos casos existen suficientes indicios razonables de presuntas omisiones administrativas disciplinarias, motivo por el cual Inspectoría se ha abocado y se encuentra desarrollando todas las diligencias de ley para sancionar a todos los que resulten responsables”, manifestó el alto mando de la Policía Nacional.
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