ES SU HERMANA, PERO NO SABE NADA. Dina Boluarte se encuentra “consternada” por la orden de 36 meses de prisión preventiva que dictó el Poder Judicial contra su hermano, Nicanor Boluarte, quien se encuentra desde el martes en condición de prófugo, según informó el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
En declaraciones ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), el premier aseguró también que ni la presidenta ni él conocen “absolutamente nada sobre el paradero del señor Boluarte”.
Además, Adrianzén comentó que tuvo una conversación con Dina Boluarte “para expresarle su solidaridad y conocer cuál era su sentir”.
La presidenta, según explicó el jefe del Gabinete ministerial, está “consternada” por la orden judicial contra su hermano, pero “se mantiene incólume al frente de sus obligaciones”.
Gustavo Adrianzén insistió ante la prensa extranjera que las decisiones judiciales tienen “un estándar de libertad muy bajo” y que le preocupa que en este proceso “se está tejiendo una historia perversa, según la cual existiría una organización que seguramente en breve van a decir que la cabecilla es la presidenta”.
El juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y tres investigados más por el caso Los Waykis en la Sombra.
Se les acusa de presuntos delitos como organización criminal y tráfico de influencias. La medida se basó en pruebas y actos obstruccionistas durante la investigación.
Como se sabe, el 21 de agosto, el Poder Judicial convocó a una audiencia para evaluar el pedido de la Fiscalía en contra de los integrantes de la presunta organización criminal que habría utilizado a prefectos y subprefectos para lograr la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú.
Además de Nicanor, el requerimiento de prisión incluye a Mateo Castañeda (exabogado de Dina Boluarte), Jorge Ortiz Marreros (exdirector general de Gobierno Interior), Zenovia Herrera Vásquez (encargada de proponer prefectos y subprefectos), así como los hermanos Jorge y Noriel Chingay Salazar, los que presuntamente se habrían encargado de exigir el dinero a cambio de nombramientos en Cajamarca.
Gustavo Adrianzén calificó también como una “afiebrada tesis” la versión que busca vincular a la jefa de Estado con los presuntos delitos cometidos por su hermano Nicanor. Detrás de ella, señaló que hay organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, promotores de la vacancia de Boluarte y personas que respaldan al expresidente Pedro Castillo “golpista y corrupto”.
“Esos son, en mi opinión, los que están detrás de estos intentos de vacancia”, remarcó. (Con Información de EFE).
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