La fiscal suprema Zoraida Ávalos, de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, solicitó la prescripción de los delitos por los que Rodolfo Orellana Rengifo fue condenado a siete años y cuatro meses de prisión efectiva, pero descartó que eso signifique que el abogado y empresario acusado de tejer una red de estafa para apropiarse de inmuebles y terrenos vaya a salir libre. ¿Cuáles fueron los motivos para esta decisión?
“Hay irregularidades y esto nunca se debió haber enfocado como un concurso ideal que implica que todos los delitos se subsumen en uno solo. Esto debió verse como un concurso real, cada delito con su pena para que se hayan sumado”, manifestó en entrevista con RPP.
“Este es un caso que inicia el 2007. Yo hago ver que hay tremenda irregularidad porque, en el tema de asociación ilícita para delinquir, están absolviendo a todos los demás coprocesados. Yo considero que no se le debe absolver porque están computando mal el plazo”, resaltó.
Ávalos pidió la prescripción de los delitos de falsificación de documentos, falsedad ideológica, fraude procesal y estafa en grado de tentativa, pero indicó que no es cierto que Rodolfo Orellana saldrá de prisión por la solicitud.
“No es verdad que salga en base a este dictamen porque tiene muchos procesos más. Tampoco afectaría los otros procesos porque ya la Corte Suprema ha establecido que aun cuando el delito fuente haya prescrito, sí hay mérito para sentenciar por lavado de activos”, explicó.
A su vez, señaló que solo actuó “con arreglo a ley” dado que 8 de las 9 imputaciones que llegaron a su despacho respecto a Orellana ya estaban prescritas.
“Este es uno de los cientos de casos que tiene el condenado Orellana (…) Este caso, cuando llega a mi despacho, tiene 9 imputaciones. De esas, 8 ya se encontraban prescritas al llegar. Situación que yo hago ver en el dictamen. Hago ver irregularidades que se han dado en la tramitación”, explicó.
El empresario inmobiliario Rodolfo Orellana Rengifo fue condenado el año pasado a siete años y cuatro meses de prisión por delitos de estafa, asociación ilícita y falsificación de documentos, falsedad ideológica y fraude procesal y recluido en el penal de Puno. Actualmente, además, afronta un juicio por lavado de activos donde la fiscalía pide más de 30 años de prisión en su contra.
En 2014, el también abogado fue capturado en la ciudad colombiana de Cali, acusado de ser el cabecilla de una red de estafa y lavado de activos que logró amasar unos 100 millones de dólares.
Para realizar este tipo de operaciones, Orellana contaba con el apoyo de un equipo de notarios, jueces, policías e incluso funcionarios municipales. Bajo este mecanismo, cerca de 100 personas y asociaciones se han visto despojadas de sus bienes.
Uno de los denunciantes fue Giovanni Paredes, quien luego de una interminable batalla judicial contra los allegados a Orellana, recuperó el camal de Yerbateros.
“Rodolfo Orellana Rengifo es un gánster jurídico que, a través de laudos arbitrales, despoja a terceros de sus legítimas propiedades”, afirmó Paredes en setiembre de 2011.
Uno de sus colaboradores fue el coronel PNP (r) Benedicto Jiménez, quien fue abogado de Orellana y estuvo preso en Piedras Gordas entre 2014 y 2016 por este caso. Después pasó a tener arresto domiciliario, pero en 2018 fue liberado.
Además, Orellana creó la revista “Juez justo”, mediante la cual difamaba a los fiscales, jueces y procuradores que lo investigaban y exaltaban a quienes lo encubrían.
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