RESPONDERÁ ANTE LA JUSTICIA. Escoltado por oficiales de los Estados Unidos, Alejandro Sánchez Sánchez, financista del exmandatario Pedro Castillo y dueño de la casa del pasaje Sarratea (Breña) donde solían despachar, llegó esta tarde deportado al Perú, donde tiene una orden de prisión preventiva por 30 meses por el Caso ‘Gabinete en la Sombra’.
Investigado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias, por integrar la red criminal que Castillo, el prófugo empresario había sido detenido en setiembre del 2023 por una patrulla fronteriza en Texas, cuando trataba de cruzar de manera ilegal la frontera de México hacia EE.UU.
El financista de Castillo debía ser deportado al Perú por el Gobierno de EE.UU. en abril; sin embargo, su llegada quedó en suspenso —el 11 de abril, específicamente— a raíz de una medida cautelar presentada en contra de su expulsión. No obstante, el recurso finalmente le fue rechazado y se ordenó su deportación.
La justicia peruana le había impuesto a Sánchez Sánchez prisión preventiva por 30 meses en noviembre de 2022, la misma que fue confirmada en una segunda instancia en marzo de 2023. No obstante, Sánchez ya había pasado a la clandestinidad. Pero quién es y por qué es una pieza clave en las investigaciones contra el presidente Castillo.
Alejandro Sánchez Sánchez es natural de Anguía, provincia de Chota, región Cajamarca. Tiene una empresa SJ Biomedic S.A.C. la cual es investigada por lavado de activos desde 2020. Él constituyó este negocio junto a su expareja y congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Elva Julón. Además, fue financista de la campaña de Castillo y acompañó al mandatario en algunos de sus viajes.
Según contó Sánchez, él conoció a Castillo durante la huelga de maestros del 2017, cuando prestó un inmueble para que los dirigentes de la movilización, incluido el mandatario, pudieran pernoctar. Años después, cedió su casa en el pasaje Sarratea para las actividades de campaña del mandatario.
Cuando Castillo Terrones asumió la Presidencia utilizó este espacio para reunirse con empresarios, congresistas y funcionarios, entre ellos, la lobista Karelim López, hoy testigo clave de la fiscalía.
Cuando se destapó esta situación, el empresario Sánchez inicialmente quiso justificar las visitas del mandatario a la casa de Breña al referir que como su madre, que vive en el lugar, cocina comida cajamarquina, el presidente acudía solo para cenar.
Sin embargo, Castillo fue captado en varias ocasiones manteniendo reuniones fuera de Palacio, pese a que en agosto de 2021, la Presidencia aseguró que ya no despacharía en la casa de Breña luego que la contraloría advirtiera que habría estado vulnerando la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública, y con ello principios básicos de transparencia.
Este caso también están implicados los sobrinos del expresidente Gian Marco Castillo y Fray Vásquez Castillo, quienes llegaban al inmueble de Breña en lujosos vehículos pertenecientes a Zamir Villaverde.
Además, en marzo del 2022, López declaró a la fiscalía que en setiembre de 2021 escuchó una discusión entre Castillo Terrones y el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, respecto a atender un pedido de Sánchez Sánchez para interceder ante la Sunat por una empresa.
En la presunta estructura criminal, Sánchez Sánchez junto con Abel Cabrera Fernández y José Medina Guerrero tenían el rol de financistas y coordinadores de la organización (Buró Político). Marrufo y Vásquez eran los coordinadores. Mientras que Castillo León cumplía el rol de operador.
La supuesta red criminal tenía como cabezas al presidente Castillo y sus ministros Juan Silva y Geiner Alvarado.
Como integrantes del Buró Político, Sánchez Sánchez, Cabrera Fernández y Medina Guerrero “habrían planificado y decidido” los roles que cumplirían los demás miembros de la organización. Por ejemplo, ubicaron a Salatiel Marrufo dentro del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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