Meses después de que estallara el escándalo de las coimas en el Ministerio de Viviendo, durante el gobierno de Pedro Castillo, la empresaria Sada Goray Chong y el periodista Mauricio Fernandini Arbulú fueron detenidos por orden del Poder Judicial, como parte de una investigación en la que están incluidos como integrantes de una organización criminal.
La misma medida se ejecutó para Pedro Arroyo Marquina (expresidente del Fondo Mivivienda S.A.) y Roger Gavidia Johanson (exmiembro del Comité de Riesgos del Fondo Mivivienda y exsuperintendente nacional de Bienes Estatales).
Además, también se ordenó la detención de Luis Mesones Odar (exviceministro de Pyme e Industria del gobierno de Castillo y exesposo de Goray), quien todavía no ha sido ubicado y para que el que se ha solicitado su captura internacional.
Las detenciones preliminares son por un plazo de 10 días, según dispuso el juez Raúl Justiniano Romero.
Según la resolución judicial a la que accedió el diario ‘El Comercio’, Sada Goray fue incluida dentro de una organización criminal dedicada a presuntos actos de corrupción, bajo la condición de presunta integrante, coordinadora y operadora, según postuló el fiscal provincial Freddy Niño Torres del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder - equipo 3 para requerir la detención preliminar.
Los presuntos actos de corrupción atribuidos a Goray habrían sido perpetrados para que el Ministerio de Vivienda apoyara a MarkaGroup S.A.C. para obtener la concesión de fideicomiso y la designación de funcionarios en el Fondo Mivivienda para poder tener informes favorables.
Además, hizo lo mismo en los Registros Públicos donde la empresaria buscó beneficiarse en los trámites de un terreno en Chilca (sur de Lima).
Sobre Fernandini, el documento judicial recordó que el periodista mantuvo una comunicación vía WhatsApp con el exministro de Vivienda Geiner Alvarado. Por lo que, para dicho despacho, la verdadera intención de esa comunicación era tener “contacto directo y ganar confianza para los fines ilícitos que perseguía Sada Angélica Goray Chong, tanto más si se tiene en cuenta que de los términos del mensaje enviado por Fernandini Arbulú no profiere aspectos vinculados a su profesión de periodista”.
En el caso de Alvarado y Marrufo, ellos habrían considerado dicho evento para obtener ganancias ilícitas.
Como se recuerda, Fernandini dijo que solo alquiló su vivienda y recibió S/60 mil. Sin embargo, la fiscalía señaló que ello no ha sido corroborado, por tanto esa afirmación “pierde consistencia en tanto Fernandini Arbulú no fue ajeno a las reuniones ilícitas”.
Según la resolución judicial, el juez también consideró el peligro de fuga y obstaculización de los implicados en la orden de detención preliminar.
En el caso de Goray Chong, se precisó que esta podría huir ante la gravedad de la pena de cárcel que afrontaría, pues se le imputa el presunto delito de organización criminal que se sanciona con cárcel, no menor de 8 ni mayor de 15 años de pena privativa de la libertad; y por colusión agravada sería no menor de 15 ni mayor de 20 años de pena privativa de la libertad.
“Afectaría su libertad ambulatoria, quien por temor a su imposición podría generar que rehúya al accionar de la justicia, considerando el nivel de participación que ha tenido en la presunta comisión de los delitos que se le atribuye”, señaló.
Además, se puso de relevancia que Goray “estaría postulando para una ‘golden visa’; y estaría tramitando su residencia fiscal en el país de Uruguay”.
Y, según el colaborador eficaz 9-2022, estaría gestionando su nacionalidad en República Dominicana y no tendría arraigo domiciliario.
“También tenemos que estaría haciendo las coordinaciones para efectos de hacer la ‘consulta sobre pérdida de residencia en el Perú para evitar 30% de ganancia capital’, y se ve la posibilidad de alternativas para que pueda elegir, esto es, Portugal, Panamá y Paraguay”, se indicó.
Sobre Fernandini también se señaló que, “ante la gravedad de la presunta sanción penal”, también podría rehuir a la justicia.
El periodista, señala el documento judicial, tendría facilidad para salir del país y no ha mostrado la intención de reparar el daño causado a las entidades públicas afectadas.
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