El presidente Martín Vizcarra aseguró este viernes que la demanda de Odebrecht por US$1,200 millones de indemnización en contra del Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) “no tiene ningún sustento ni justificación”.
“Una demanda en la que nosotros no encontramos absolutamente ningún sustento, porque en ese momento, el 2017, las causas eran absolutamente imputables al contratista, no había cumplido con su compromiso en el cierre financiero. Vencido el plazo, con todo derecho y justificación, el Estado peruano caduca ese contrato. Ahora Odebrecht hace una demanda que no tiene para nosotros ninguna justificación”, sostuvo en declaraciones a la prensa desde Arequipa.
Vizcarra indicó que su Gobierno hará “prevalecer los intereses del Estado y lo que es mejor para el pueblo del Perú para lograr la culminación” del GSP pese a lo que decida la empresa Odebrecht. Remarcó que la resolución del contrato de dicha concesión fue por “exclusiva responsabilidad de la empresa contratista”.
En esa línea, el jefe del Estado se mostró confiado en que el Ciadi no dará lugar a esta demanda debido a que depende del Banco Mundial, entidad que “da todas las facilidades para luchar contra la corrupción”. Explicó, además, que la defensa del Estado peruano se sostendrá en argumentos técnicos y morales,
“No dudamos que, adicionalmente a los argumentos técnicos van a haber, incluso argumentos de carácter moral, porque los propios funcionarios de Odebrecht han aceptado que han habido irregularidades y corrupción en este proceso”, señaló.
Como se recuerda, a través de su subsidiaria en Luxemburgo, Odebrecht Latinvest S.A.R.L., la firma brasileña Odebrecht S.A. presentó una demanda contra el Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
En la solicitud de arbitraje realizada el 21 de enero y registrada por el organismo el martes 4 de febrero, la constructora plantea una indemnización a su favor de US$1.200 millones, bajo el argumento de un perjuicio luego de que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el 24 de enero del 2017, decidiera finalizar la concesión al consorcio Gasoducto Sur Peruano, que Odebrecht integró con Enagás y con Graña y Montero.
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