¡Atención! Por mayoría, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso aprobó el dictamen que establece requisitos mínimos que deben cumplir los servidores públicos de libre designación y remoción en la alta dirección estatal.
Se encuentran comprendidos en este proyecto, entre otros, secretarios generales de ministerios, viceministros, gerentes generales o los que hagan las veces de los organismos públicos del Ejecutivo y organismos constitucionalmente autónomos.
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También los titulares, adjuntos, presidentes y miembros de los órganos colegiados de los organismos públicos del Ejecutivo.
Del mismo modo, los gerentes generales regionales, gerentes regionales o directores regionales de los gobiernos subnacionales, gerentes generales de gobiernos locales y provinciales, además de los gerentes municipales de distritos de más de 250 mil habitantes.
Se deja para el desarrollo del reglamento de la ley, los requisitos para los funcionarios antes mencionados de los distritos con menor población.
Los requisitos mínimos para los servidores comprendidos en el dictamen se encuentran vinculados a la formación académica, lo cual pasa por exigirles título profesional, técnico o maestría y contar con experiencia profesional referida al puesto o cargo, la función o materia y trayectoria en el sector público.
IMPEDIMENTOS
Por otra parte, se establece como impedimentos para asumir los cargos antes mencionados los siguientes:
- Tener sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso.
- Estar inhabilitados por mandato judicial para ejercer función pública.
- Haber sido destituidos de la administración pública por falta muy grave, precisando que, en caso de iniciarse acción judicial contra dicho acto, el impedimento perdurará mientras la sanción no haya sido firmemente revertida por el Poder Judicial.
Norma Yarrow (Avanza País), presidenta del citado grupo de trabajo parlamentario, precisó que la iniciativa legislativa busca garantizar que la alta dirección pública cuente con los estudios, experiencia y capacitación suficientes que les permita elevar sus estándares de calidad y el desarrollo de un trabajo técnico profesional.
Ello, manifestó, repercutirá en una adecuada función pública orientada al bienestar social y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. (Con información de Andina)
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