La Fiscalía de la Nación y agentes de la División de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional allanaron esta mañana la vivienda del ex primer ministro Aníbal Torres Vásquez, en San Isidro, por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración, como parte del fallido golpe de Estado desarrollado por el expresidente Pedro Castillo. ¿Qué fue lo que corrió aquel día según el Ministerio Público?
De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, la mañana del 7 de diciembre, día del fallido golpe de Estado, se habría producido una reunión en Palacio de Gobierno entre Castillo, Torres, Betssy Chávez , por entonces presidenta del Consejo de Ministros, y “terceras personas en proceso de identificación”.
“Habrían acordado que el mandatario debía disolver el Congreso de la República e implementar en el Perú un estado de excepción, lo que implicaría el uso de las Fuerzas Armadas para tomar el control de los diferentes Poderes del Estado y demás entes autónomos, principalmente del Sistema Nacional de Justicia”, dice el documento fiscal sobre aquel ‘cónclave’.
La Fiscalía añade que el entonces ministro del Interior, Willy Huerta, llegó a Palacio de Gobierno a las 10:33 a.m. para reunirse con Betssy Chávez y que, al no encontrarla, pasó a reunirse con Pedro Castillo.
A las 10:46 a.m., la también congresista envió un mensaje vía WhatsApp a los integrantes de su gabinete: “Señores ministros apersonarse inmediatamente a PCM”. Entre los ministros que acudieron estuvo Roberto Sánchez, extitular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que estuvo en Palacio entre las 11:11 a.m. y las 12:34 p.m.
A las 11:20 a.m., Betssy Chávez “habría realizado las coordinaciones” con TV Perú para que su personal acuda a la sede la PCM y se lleve a cabo la transmisión del mensaje del presidente. Acudieron una reportera y un camarógrafo, que fueron recibidos por ella y dirigidos hacia Palacio de Gobierno. El mensaje golpista se leyó a las 11:40 a.m.
El Ministerio Público añade que Pedro Castillo, “aprovechando su condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, habría utilizado tal poder para ordenar a dichas fuerzas del país, a través de su Mensaje a la Nación, al alzamiento en armas contra el orden constitucional y los poderes del Estado, así como de otros organismos autónomos, como consecuencia de la reorganización del Sistema Nacional de Justicia decretada; disponiendo además, ilegalmente, un ‘gobierno de excepción’”.
Tras el mensaje, según la tesis fiscal, Aníbal Torres y Betssy Chávez se acercaron al exmandatario para darle la mano y conversar con él, con Willy Huerta presente en el lugar. Roberto Sánchez entró luego y, aludiendo al discurso que acababa de dar, le dijo al entonces jefe de Estado “por el país”, en “clara manifestación de su participación como parte del acuerdo materializado en el mensaje a la nación”.
También se atribuye Huerta haber llamado al comandante general de la PNP, entonces Raúl Alfaro, para luego pasarle el teléfono a Castillo. “General cierre el Congreso, no permita el ingreso de ninguna persona y saque a los que están adentro e intervengan a la Fiscal de la Nación”, fue lo que le dijo el mandatario, de acuerdo con el Ministerio Público.
Añaden que Raúl Alfaro le preguntó el motivo, a lo que el expresidente respondió que Willy Huerta le daría esos detalles, lo que “denotaría la participación de este en las coordinaciones previas y, por ende, de los pormenores de la ejecución del alzamiento en armas”.
Además, le “indicó que tenía que dar seguridad a la casa de sus padres” y a las de Aníbal Torres y Betssy Chávez, “evidenciándose así que estos últimos eran artífices del plan ilícito que se puso en marcha”.
La Fiscalía también relata que, luego de la vacancia de parte del Congreso, se iniciaron las gestiones para obtener el asilo en México.
Así, Castillo, su esposa, sus hijos y Aníbal Torres salieron de Palacio de Gobierno, “con la confianza de obtener el asilo pretendido”, a bordo de dos vehículos, pero en su trayecto, a la 1:40 p.m., el vacado exmandatario fue detenido por la Policía bajo la figura de flagrancia por el delito de rebelión.
La resolución judicial detalla que al exjefe del Gabinete se le imputa ser coautor del delito de rebelión junto a Pedro Casillo, Betssy Chávez y “terceras personas en proceso de identificación”, debido a que “acordaron disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú”, sin que cumpla con lo establecido en la Constitución.
“Aprovechando la condición del mandatario como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, habrían utilizado tal poder para ordenar a dichas fuerzas del país, a través de su mensaje a la nación, el alzamiento en armas contra el Orden Constitucional y los Poderes del Estado; así como, de otros organismos autónomos, como consecuencia de la reorganización del Sistema Nacional de Justicia decretado”, dice el documento fiscal.
Alternativamente, se le atribuye a Torres ser coautor del delito de conspiración para rebelión través del alzamiento de armas para modificar el régimen constitucional del Perú, junto también a Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, además de “terceras personas en proceso de identificación”. Esto en relación con los mismos hechos.
La solicitud fue hecha por el fiscal supremo transitorio Uriel Terán, quien dirige la investigación de este caso, ante el juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema.
Contenido GEC