La exprocuradora Katherine Ampuero señaló a Trome que el vacado expresidente Pedro Castillo, y sus dos expresidentes del Consejo de Ministros, Betssy Chávez y Aníbal Torres, sí habrían incurrido en el delito de rebelión, por la elaboración del discurso del 7 de diciembre del 2022, el cual leyó Castillo y en el que se cerraba el Congreso, se intervenía el sistema de Justicia y se establecía un estado de excepción.
“El delito de rebelión, y su concepto que ya ha sido confirmado por la Corte Suprema, vemos que ese delito ha sido consumado”, dijo.
Luego añadió que ‘cuando él lee el discurso, el delito se consumó, otra cosa es que las Fuerzas Armadas lo obedecieran, pero nadie debe hacerle caso a un gobierno usurpador’.
Sobre Castillo y Chávez, Ampuero sostuvo que “ellos eran funcionarios cuando ocurrió el golpe”, por lo que la pena “sería mayor a la de Torres”, aunque no ve posible que se dicten 34 años de prisión al exmandatario.
“Existe suficiente evidencia para pronosticar una sentencia condenatoria, pero creo que el plazo sería menor (ya no de 34 años). En el caso de Chávez y Castillo, creo que deberían recibir entre 6 y 10 años”, aseveró.
Sobre Torres, la exfuncionaria recordó que ‘él era asesor, así que le correspondería una sentencia de 8 años de pena privativa de la libertad’, no obstante, sostuvo que acá ‘entrará a jugar un papel importante su abogado defensor, que fue el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez’.
“En ese sentido, creo que le van a dictar una pena suspendida”, advirtió.
En la tarde, Raúl Noblecilla, abogado de Chávez, anunció que presentaría un pedido de inhibición contra el juez Juan Carlos Checkley, en el proceso contra Castillo por el golpe de estado.
Según un documento de la Fiscalía que fue detallado por El Comercio, el Ministerio Público maneja la hipótesis de que Castillo, Torres y Chávez redactaron este discurso entre la noche del 6 de diciembre y la madrugada del 7 de diciembre del 2022.
Por otro lado, la Sala Penal Permanente, que preside César San Martín, programó para el lunes 22 de enero la audiencia en la que se analizará la apelación del exjefe de Estado para anular la resolución que rechazó su pedido para archivar la investigación.
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