FUERA DE LA POLÍTICA. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó con 13 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones el informe final que recomienda la inhabilitación del ex primer ministro Aníbal Torres por 10 años por haber infringido los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución. Sin embargo, la decisión debe ser ratificada por la Comisión Permanente y luego por el pleno del Congreso. ¿Por qué recibiría esta sanción?
El informe - sustentado este viernes 19 de enero por Martha Moyano (Fuerza Popular), delegada del caso -deriva de la denuncia que presentó el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular), el 16 de agosto del 2022, contra el ex premier por utilizar indebidamente las sesiones de los llamados Consejos de Ministros descentralizados.
La acusación era inicialmente por la presunta comisión de los delitos de rebelión, sedición y motín por haber incitado a la violencia a dirigentes y ciudadanos contra los opositores del gobierno de Pedro Castillo el 10 de agosto del 2022, pero fue desestimada en ese extremo el 9 de junio del 2023.
En mayo del 2023, Montoya amplió su denuncia para que se incorpore a los Consejos de Ministros descentralizados como parte de las conductas instigadoras de Torres Vásquez. Según la demanda, la naturaleza y finalidad política de estos eventos “se contradice con las atribuciones y competencias establecidas” por ley.
De acuerdo con la denuncia, en estas reuniones “se vertieron expresiones que no resultan enmarcadas dentro de lo preceptuado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo”.
Aunque la recomendación de inhabilitación se centra en el caso de los Consejos de Ministros descentralizados, en el informe final también se mencionan las declaraciones hechas por Torres el 10 de agosto del 2022.
Ese día, el ex primer ministro, durante una reunión con dirigentes de Lima Metropolitana y de organizaciones sociales en la sede del Ejecutivo, pidió a los líderes sociales que se movilicen hacia Lima para hacer “arrodillar” a los “golpistas” e implantar una nueva constitución.
“Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase, a un sector del poder económico”, expresó aquel día.
Esas declaraciones se habían producido un día después de que el Ministerio Público y el equipo especial de la Policía Nacional (PNP) llevaran a cabo un operativo para detener a la cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, en la Palacio de Gobierno. Ella es investigada por el caso Anguía y, el 9 de agosto del 2020, el Poder Judicial había dictado detención preliminar en su contra.
El ex primer ministro Aníbal Torres, quien enfrenta un pedido de 15 años de prisión por el golpe de Estado, se pronunció en la red social X tras la decisión de la SAC.
“Hoy, 19.1.24, la congresista Moyano, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sustentó su informe final en el que solicita que se me inhabilite por 10 años. Alega que como premier he manifestado, entre otras expresiones, que ´correrán ríos de sangre’. Acabo de solicitar a la comisión que me notifique con la prueba de tal afirmación para confirmar de que no se trata de una persecución política. Como premier nunca he vertido tal frase”, escribió.
“En una entrevista en Cuarto Poder, en junio de 2021, manifesté que si van a intentar un golpe desconociendo el triunfo de Pedro Castillo, ‘correrá mucha sangre’. En esta entrevista defendí el voto a favor de Castillo y no era funcionario sujeto a juicio político. Mis expresiones como premier se enmarcaron dentro del marco constitucional y de los tratados internacionales de los que el Perú es signatario”, concluyó.
En junio del 2021, cuando se desempeñaba como asesor legal de Perú Libre, partido con el que Pedro Castillo llegó a la presidencia. En una entrevista con “Cuarto Poder”, Torres dijo que si se llevaba a cabo un “golpe de Estado” tras la proclamación Castillo, “correría mucha sangre”.
“Si están intentando un golpe y llevan a cabo ese golpe, no lo van a celebrar. Correrá mucha sangre en el país, pero fracasarán, no lo van a lograr. No es como en otras épocas que los golpes de Estado se celebraban, eso no es”, afirmó en esa oportunidad.
Luego, en febrero del 2022, cuando ya era primer ministro, Torres Vásquez volvió a generar zozobra al señalar, en diálogo con Canal N, que no sabía “qué iba a suceder” si se producía la vacancia de Castillo Terrones.
Un mes después, cuando en el Poder Legislativo iba a debatirse la vacancia, insistió con su premisa durante un Consejo de Ministros descentralizado celebrado en la región Huancavelica. El extitular de la PCM dijo: “Si Pedro Castillo cae, caemos todos, todos los pueblos del Perú y nadie debe estar seguro que si Pedro Castillo cae, alguien va a ser presidenta o presidente. Las consecuencias no las sabemos”.
Posteriormente, en agosto del año pasado, el exjefe del Gabinete Ministerial azuzó desde Palacio de Gobierno a los dirigentes de diversas organizaciones sociales a movilizarse hacia la ciudad de Lima para hacer “arrodillar” a los “golpistas” e implantar una nueva Constitución Política.
En noviembre de 2022, semanas previas al golpe de Estado, Torres intensificó su mensaje. “¿Cuál es la obligación de todos los peruanos o al menos de la mayoría de peruanos que puso a Pedro Castillo como presidente? defender la voluntad popular, defender nuestro voto, defender el poder soberano y eso se debe defender a toda costa, a cualquier precio e incluso con la propia vida”, aseveró.
Contenido GEC