El Pleno del Congreso aprobó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomienda acusar a la expremier y congresista Betssy Chávez por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, al supuestamente haber apoyado el golpe de Estado de Pedro Castillo.
También se aprobó suspenderla de su función como congresista, por lo que será reemplazada por su accesitario, Isaac Mita Alanoca.
Respecto a la acusación, fue aprobada con 66 votos a favor, 11 votos en contra y seis abstenciones. En contra votaron Guillermo Bermejo, Luis Kamiche, Luis Picón, Nieves Limachi, Guido Bellido, Elías Varas, Víctor Cutipa, Jorge Coayla, Wilson Quispe, Paul Gutiérrez y Lucinda Vásquez.
En el desafuero de Chávez, este logró 66 votos a favor, 15 votos en contra y tres abstenciones. Los mismos legisladores que no quisieron acusarla repitieron su voto negativo, pero a ellos se sumaron Sigrid Bazán, Ruth Luque, Isabel Cortez y Germán Tacuri.
Chávez estará suspendida como congresista mientras duren las investigaciones. Ella se retiró del Pleno antes de la votación.
Durante la sesión, Chávez dijo que: “La clase política ha fracasado de todas las formas posibles”. Además, arremetió contra el gobierno, acusándolo de no atender de forma igualitaria a todas las zonas afectadas por las inundaciones, agregando que “tenía razón ese infeliz al decir que había peruanos de segunda clase”, atacando al desaparecido expresidente Alan García.
DOS MÁS
En el caso de Roberto Sánchez, la acusación fue aprobada con 50 votos a favor, 21 votos en contra y 13 abstenciones.
No obstante, el Pleno optó por no suspenderlo como congresista. Esto se confirmó con 27 votos a favor, 39 en contra y 18 abstenciones.
El Pleno también votó a favor de la acusación contra el ex ministro del Interior, Willy Huerta. Esto se logró con 57 votos a favor, 18 en contra y 10 abstenciones.
DENUNCIA FISCAL
La denuncia contra Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta fue hecha por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Los señala como presuntos coautores del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de rebelión, en agravio del Estado. También en la modalidad de conspiración.
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