POR: MIGUEL RAMÍREZ / Periodista de investigación
Si el expresidente Alan García jugara en la selección de Ricardo Gareca tendría serios problemas con el ‘VAR’, el sistema de video que se utiliza en este Mundial de fútbol para que los árbitros resuelvan dudas y detecten a los jugadores ‘vivazos’ que quieran sorprenderlos.
Y es que cada vez que le abren una investigación, García grita y escribe con frenesí que se allana a todas las investigaciones, que no teme nada, que es el único presidente que no ha robado. Pero, a la vez, por lo bajo ejecuta acciones para impedir que lo investiguen.
La última de sus argucias fue descubierta la semana pasada por la periodista Graciela Villasís, jefa de la Unidad de Investigación del diario El Comercio. Todo empezó cuando se conoció que el fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, le abrió investigación por el supuesto aporte de US$200 mil que recibió para su campaña presidencial del 2006. Como se sabe, eso declaró Jorge Barata, el exrepresentante en Perú de la empresa corrupta Odebrecht.
Inmediatamente, desde su cómodo departamento en España, García escribió en su cuenta de Twitter: “Pueden investigar y reinvestigar 10 veces más mis ingresos, mi casa y mi oficina. Siempre estaré a disposición de la justicia haciendo respetar mis derechos. Otros se venden, yo no”.
Hasta ahí todo bien, la tribuna aplaudió. Pero el martes, la periodista Villasis lo desmintió con un misil: García había presentado, a través de sus abogados y dirigentes apristas, tres escritos ante el Ministerio Público pidiendo que el fiscal que lo investiga, José Domingo Pérez, fuera retirado y reemplazado por otro.
Por si fuera poco, sus abogados denunciaron al correcto fiscal ante el órgano de control para que lo sancionen.
No es la primera vez, por cierto, que el expresidente obstaculiza las investigaciones que se formulan en su contra. Otras veces también utilizó sus influencias en el Poder Judicial para detener acusaciones que lo comprometían.
Eso ocurrió en el 2015. Una ‘megacomisión’ del Congreso, que presidió el entonces parlamentario Sergio Tejada, lo halló responsable de presuntos actos ilícitos durante su segundo mandato presidencial.
García presentó un recurso para que se anulara la investigación y las conclusiones del grupo parlamentario. El juez constitucional Hugo Velásquez Zavaleta le dio la razón. Anuló todo argumentando que García no había sido citado correctamente cuando fue interrogado.
El caso subió en apelación a una sala. Dos vocales fallaron validando la investigación parlamentaria y otros dos favorecieron a García. El proceso estaba empatado. Finalmente, un vocal dirimente falló a favor del exmandatario.
¿Quién fue ese magistrado? Jesús Soller Rodríguez, cuya familia tenía una antigua y conocida ascendencia aprista. Alan García, incluso, había sido el ¡padrino de su promoción! en un doctorado que ese juez había hecho en una universidad privada.
García, como siempre, quedó libre de polvo y paja. Nos vemos el otro martes.
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