Un exministro dominicano fue condenado este jueves a cinco años de prisión por sus vínculos con el escándalo de pagos de más de 92 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para adjudicarse obras en el país.
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Víctor Díaz Rúa, ministro entre 2007 y 2012 en el gobierno del presidente Leonel Fernández, fue sentenciado por un tribunal de tres juezas que lo halló culpable de lavado de activos provenientes de enriquecimiento ilícito.
El mismo tribunal condenó por su parte a ocho años de prisión al empresario Ángel Rondón, acusado de distribuir sobornos a legisladores y funcionarios dominicanos mientras era representante comercial de Odebrecht.
Dos senadores, el exdirector de la compañía estatal de aguas y un abogado acusado de ser cómplice de Díaz fueron absueltos.
La sentencia, que es apelable, incluye el pago de una multa para cada uno de los condenados de unos 35.000 dólares y el decomiso de bienes.
Considerado uno de los casos de corrupción más grandes en la historia reciente del país, involucra a miembros de los dos principales partidos políticos: el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en el poder desde agosto de 2020, y el de la Liberación Dominicana (PLD), que gobernó entre 2004 y 2020.
Según la Fiscalía, las obras, entre ellas carreteras, acueductos y centrales hidroeléctricas, fueron contratadas entre 2002 y 2012.
En 2017, Odebrecht firmó un acuerdo con la Fiscalía dominicana y se comprometió a pagar 184 millones de dólares como indemnización, así como entregar informaciones requeridas por las autoridades dominicanas para identificar a los involucrados.
A cambio, la Fiscalía acordó no enjuiciar a la firma ni a sus directivos.
En octubre de 2020, el gobierno ordenó la suspensión de todos los contratos con la empresa, así como con empresas vinculadas.
La red de sobornos de la firma brasileña salpicó a varios países de América Latina.
República Dominicana, que ocupa el puesto 137 entre 180 países en el ranking del índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, es la tercera nación en la que Odebrecht pagó más sobornos por la asignación de obras públicas entre 2001 y 2014, detrás de Brasil y Venezuela.
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