La Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de reforma constitucional que busca permitir a los ciudadanos retirar el 10 % de sus fondos previsionales para hace frente a las complicaciones económicas que está causado la pandemia de coronavirus.
La iniciativa contó con 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones, y en los próximos días será debatida en el Senado, donde necesitará la aprobación de las tres quintas partes de la Cámara para prosperar.
El resultado supone un golpe para el gobierno, que considera que esta iniciativa impide que se acometa una reforma estructural del sistema de pensiones, y profundiza la crisis política en el seno del oficialismo, después de que 13 de sus diputados votarán a favor pese a las tratativas y negociaciones impulsadas por el Ejecutivo para convencerles de lo contrario.
El debate agitó también a la ciudadanía, que según las encuestas apoya mayoritariamente la iniciativa y que anoche lo demostró con un masivo cacerolazo a lo largo del país, evento que derivó en algunos actos violentos en la capital durante la madrugada.
Tras la aprobación esta tarde de la iniciativa, volvieron a escucharse cacerolazos desde los balcones de algunos barrios de Santiago de Chile así como bocinazos de automóviles celebrando el resultado.
Con esta reforma se busca establecer un mecanismo transitorio de retiro parcial anticipado de los ahorros previsionales, con ocasión de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19, de tal manera que por única vez los afiliados al sistema de pensiones que lo deseen puedan retirar hasta el 10 % de sus fondos de pensiones.
Estos fondos se encuentran depositados en las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas encargadas de gestionar el ahorro individual obligatorio en el que se basa el modelo chileno, mediante el cual cada trabajador aporta un 10 % mensual de su sueldo bruto a un fondo de pensiones personal del que puede disponer cuando se jubila.
El modelo previsional chileno, instaurado en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es altamente contestado por parte de la población desde hace años y fue uno de los motivos centrales del estallido social del pasado octubre.
Desde que la semana pasada los diputados de la oposición y 13 oficialistas respaldaran la idea general de legislar este retiro de pensiones, el Ejecutivo ha intentado convencer a los parlamentarios para reconsiderar su postura, incluso con el anuncio este mismo martes de un nuevo paquete de ayuda para la clase media.
Estas medidas no han surtido efecto y si bien tres diputados oficialistas cambiaron de opinión y hoy se abstuvieron, otros tres votaron a favor, por lo que de nuevo fueron 13 los legisladores del bloque de gobierno los que apoyaron la reforma junto a la bancada opositora.
Desde la oposición se considera que las medidas del gobierno en ayuda a la clase media no son suficientes, además de que llegan tarde, y se defiende “una ayuda inmediata y digna para la gente”.
Tras la votación, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló que la iniciativa aprobada “es un traspié que afecta a la clase media” y dijo que a la coalición de gobierno le “faltó capacidad de trabajar con unidad” para haber evitado que saliera adelante.
De aprobarse en los próximos días en el Senado, Chile se sumaría a países como Perú y Australia que ya han permitido el retiro de fondos de pensiones durante la pandemia.
El proyecto establece que el monto mínimo a retirar será de 35 Unidades de Fomento (UF) (unidad monetaria cambiante de existencia no física que se utiliza en Chile para ajustar las transacciones comerciales, contables y bancarias de acuerdo a la inflación), lo que equivale aproximadamente a un millón de pesos (unos 1.270 dólares).
El monto máximo será equivalente a 150 UF, que son alrededor de 4,3 millones de pesos (unos 5.500 dólares).
En el caso de que el 10% corresponda a un monto menor a las 35 UF, los afiliados podrán retirar hasta dicho monto y, en el caso de que el monto total acumulado sea menor a las 35 UF, se podrá retirar la totalidad de los fondos.
Si el proyecto se convierte en ley, se permitirá retirar los ahorros en dos cuotas: la primera entrega será del 50 % en un plazo máximo de 10 días hábiles luego de presentada la solicitud ante la AFP correspondiente; y la segunda entrega será del 50 % restante en un plazo máximo de 30 días hábiles a contar del desembolso anterior.
Fuente: EFE
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