POR: MIGUEL RAMÍREZ / Periodista de investigación
‘ATROPELLO’, ‘ABUSO’, ‘VENGANZA’, ‘PSICOSOCIAL’, ‘PERSECUCIÓN POLÍTICA’, fueron algunos de los calificativos que lanzó Keiko Fujimori el jueves pasado, cuando el fiscal José Domingo Pérez allanó su ‘búnker’ privado y el local de su partido político. Su mirada y su voz reflejaban una furia casi al borde del descontrol.
La lideresa de Fuerza Popular y los congresistas de su poderosa bancada la emprendieron contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pese a que la orden de intervención a sus locales fue dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho.
Hasta ese día, los fujimoristas tenían a dicho magistrado como un ‘héroe nacional’ por encarcelar a cuatro directivos de la compañía ‘Graña y Montero’, vinculada a la empresa brasileña Odebrecht, acusada de corrupción y de haber financiado campañas electorales en el país.
Precisamente, los allanamientos trataban de encontrar documentos de una presunta ‘doble contabilidad o contabilidad paralela’, que habría utilizado el partido fujimorista para encubrir los aportes de dinero entregados por Odebrecht, en la campaña del año 2011.
Como se sabe, Marcelo Odebrecht –el dueño de esa empresa– aseguró en dos interrogatorios que apoyó financieramente la candidatura presidencial de Keiko Fujimori.
Aunque los fujimoristas sostienen que no se encontró nada, que todo está en orden, una fuente contó a este columnista que el fiscal José Domingo Pérez halló evidencias que refuerzan su hipótesis, según la cual el partido Fuerza Popular tenía una contabilidad paralela, libros contables falsos, aportantes fantasmas y gastos de publicidad no declarados, entre otras irregularidades penales.
“Antes del allanamiento, existe un escenario de probabilidades; si me habla después del allanamiento, eso no se lo voy a decir porque es investigación reservada”, respondió Pérez el sábado cuando el periodista Fernando Vivas, del diario ‘El Comercio’, le preguntó sobre las intervenciones.
Lo que más le indignó a Keiko Fujimori fue el allanamiento a su ‘búnker’ privado, ubicado en la calle Los Morochucos 140, en el distrito de Surco. Hasta la semana pasada, ese lugar era inexpugnable para cualquier mortal. La oficina privada donde despacha Keiko solo la conocen contados congresistas naranjas. “Keiko Sofía dice que ese es el verdadero Palacio de Gobierno”, me comentó un parlamentario fujimorista, quien, por obvias razones, pidió el anonimato.
Allí, Keiko Fujimori y su secretario general José Chlimper diseñan las estrategias, planes, toman decisiones –mayormente contrarias al gobierno– que luego ejecutan sus bulliciosos y obedientes congresistas. A ellos se suman sus inseparables colaboradores Pier Figari y Ana Herz.
Keiko y Chlimper son los jefes máximos del poder del fujimorismo, pero en el interior de la casa de Los Morochucos se comenta, en voz baja, que Chlimper es el poder real.
Keiko cree que tiene corona: Ya van tres veces que no se presenta a declarar y sus congresistas hostigaron y fotografiaron al fiscal Pérez en plena diligencia. Por mucho menos, otras personas están presas. Nos vemos el otro martes.
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