Empiezan a aparecer las pruebas. La Fiscalía de la Nación encontró en Palacio de Gobierno el decreto ley que el expresidente Pedro Castillo pretendía firmar tras el mensaje a la nación que dio el pasado 7 de diciembre del 2022, cuando anunció un golpe de Estado que finalmente no se concretó pues fue vacado y detenido.
Según el documento, al que tuvo acceso el programa ‘Contracorriente’ de Willax TV, se ordenaba disolver el Congreso de la República y se convocaba a elecciones para completar el periodo constitucional.
“Artículo 1. Disolución extraordinaria del Congreso de la República. Disuélvase el Congreso de la República por vulnerar los artículos 113 inciso 2, 45 y 46 de la Constitución”, dice el decreto.
“Artículo 2. Convocatoria a elecciones. Convóquese a elecciones para un nuevo Congreso para el día domingo 4 de junio del 2023, para que complete el periodo constitucional del Congreso disuelto”, añade.
El documento redactado tiene como fecha el 7 de diciembre del 2022, fecha en la que Castillo Terrones anunció la instauración de un gobierno de emergencia nacional y fue hallado frente a la oficina de la subsecretaría del despacho presidencial, el pasado 31 de mayo, cuando los fiscales Jesús Camacho Laura y Marco Carbajal Valencia realizaron una diligencia de corroboración, con peritos de informática, en Palacio de Gobierno.
El decreto corroboraría la versión de la periodista Cinthya Malpartida, quien afirmó ante la Fiscalía haber visto a Castillo junto con Betssy Chávez y Aníbal Torres el día del golpe de Estado y que la entonces primera ministra les detalló que el entonces presidente daría un mensaje a la Nación y que lo anunciado iba a ser ratificado en una resolución.
Cabe indicar que el exmandatario Pedro Castillo ha negado en reiteradas ocasiones haber cometido algún tipo de delito e incluso ha pedido al Poder Judicial que cese la investigación en su contra por los delitos de rebelión o conspiración.
“Me ratifico hoy una vez más en que no cometí delito de rebelión ni conspiración. Hoy estoy convencido de cómo la procuraduría y el Ministerio Público no puede sustentar un supuesto delito. Supuestos, dichos, habría”, comentó el pasado 25 de mayo.
La primera prisión preventiva que se dictó en su contra fue luego que se abriera la investigación por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, en la que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le imputa el presunto delito de rebelión.
La investigación se da para procesarlo por los actos ilícitos cometidos cuando dio el mensaje a la Nación en el que anunció la disolución del Poder Legislativo y la reorganización de todo el sistema de administración de justicia, cuando estaba a punto de enfrentar un tercer proceso de vacancia en su contra.
Posteriormente, a Castillo Terrones se le dictaron 36 meses de prisión preventiva por el caso de presunta corrupción y organización criminal por diversos casos como los de ‘Gabinete en la Sombra’ y Anguía.
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