QUÉ ESCÁNDALO. La Contraloría General detectó que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) realizó el pago de S/ 41 millones 131 mil 152 a funcionarios y servidores de confianza, durante el periodo 2020-2022, contraviniendo la normativa legal aplicable, lo que ocasionó el gasto de recursos públicos “en menoscabo de los intereses patrimoniales del Estado y la correcta administración pública”.
Fueron un total de nueve extrabajadores los que tienen presunta responsabilidad penal y administrativa por estos hechos.
El documento indica que los funcionarios de la MML efectuaron el trámite y pagaron por el concepto de “asignación por responsabilidad funcional” a 384 empleados de confianza, pese a que las restricciones desde 2006 son de carácter presupuestal en las leyes anuales de presupuesto del sector público, que prohíben el pago de asignaciones u otros similares, cualquiera sea su naturaleza, periodicidad, modalidad, entre otros.
Cabe señalar que durante la auditoría realizada se comprobó que no existe documentación que afirme o autorice legítimamente el pago de la “asignación por responsabilidad funcional”. Asimismo, no se encontraron pliegos que sustenten la evaluación o métodos aplicados para determinar la cantidad.
Solo se pueden aprobar nuevas bonificaciones, asignaciones, beneficios u otros, vía un decreto supremo o norma con rango de ley dada por el gobierno central, lo cual no sucedió en este caso.
Respecto al financiamiento, la Contraloría indicó que los funcionarios de la MML emitieron y aprobaron las planillas mensuales de los funcionarios de confianza incluyendo este beneficio, el cual fue costeado con recursos provenientes del Fondo de Compensación Municipal, los impuestos municipales y los recursos directamente recaudados por la entidad.
Previamente, según el informe de auditoría, se resaltó que la Subgerencia de Presupuesto procedió a emitir las certificaciones de crédito presupuestario con las cuales se habilitaron los recursos económicos para realizar el pago de la asignación por responsabilidad funcional a los funcionarios de confianza.
Finalmente, la Contraloría General recomendó a la Procuraduría Pública iniciar las acciones penales contra los nueve exfuncionarios y considera tramitar un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) a siete de estos.
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