El amanecer del domingo 2 de noviembre trajo una escena inesperada en la Panamericana Sur. Las casetas de peaje de Villa y Punta Negra, que permanecían inactivas desde hacía dos días, volvieron a operar. Los conductores, sorprendidos, frenaron frente a las barreras y alzaron la voz: “¡¿No que no iban a cobrar?!”. Así empezó un nuevo capítulo en el largo conflicto entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la concesionaria Rutas de Lima (RDL).
La empresa justificó la reanudación del cobro señalando que su apelación a la sentencia que ordenaba suspender el peaje “deja sin efecto” la medida judicial mientras se resuelve el recurso. Bajo esa interpretación, desde las primeras horas del domingo, los trabajadores volvieron a ocupar las cabinas y el flujo vehicular se convirtió en una hilera de bocinazos e indignación.
“Es un robo completo... es el peaje de la corrupción”, protestó un conductor. Otros, resignados, optaron por pagar los 7.50 soles establecidos, mientras algunos se desviaban por caminos secundarios para evitar las garitas. El malestar fue inmediato: largas filas, gritos y discusiones con los cobradores marcaron la jornada.
La medida se aplicó apenas cuatro días después de que el Poder Judicial declarara fundada en parte una demanda de habeas corpus presentada por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar, que alegó la vulneración del derecho constitucional al libre tránsito por la falta de vías alternas en el tramo concesionado.
El reinicio del cobro encendió las alarmas en la Municipalidad Metropolitana de Lima y en los distritos del sur. En un comunicado conjunto, la MML y Santa María del Mar advirtieron que la decisión de Rutas de Lima constituye una “vulneración de derechos fundamentales” y anunciaron que presentarán acciones legales para frenar el cobro.
“Resulta inaceptable que pese a la evidente vulneración de derechos, Rutas de Lima persista en dichas acciones. Dejamos constancia de que ante cualquier conflicto o conmoción violenta será de exclusiva responsabilidad de esta empresa”, expresaron.
La Comuna limeña, además, aseguró que el escrito presentado por RDL no ha sido admitido formalmente y que, por tanto, el fallo judicial sigue vigente. En paralelo, el alcalde de Lima coordinó con la Presidencia de la República para disponer el apoyo de la fuerza pública y garantizar el orden en la zona, en caso de disturbios.
Por su parte, Rutas de Lima respondió con otro comunicado en el que exhortó a las autoridades a “respetar los procedimientos legales” y a no fomentar “campañas de hostigamiento” contra la empresa y sus inversionistas. La concesionaria aseguró que su actuación se ajusta al marco jurídico y a los derechos contractuales adquiridos.
El problema de los peajes en el sur limeño no es nuevo. Desde hace meses, los distritos costeros han denunciado que el cobro es injusto al no existir rutas alternas gratuitas, mientras que la concesionaria defiende su derecho a operar bajo las condiciones establecidas en su contrato con la MML.
La reciente resolución judicial fue vista como una victoria ciudadana, pero su alcance se diluyó rápidamente tras la apelación de RDL. En las calles, la confusión reina. “Dijeron bien claro que no iban a cobrar, ¿y ahora nuevamente?”, reclamó un conductor, atrapado en la fila frente a las garitas.
El debate ahora pasa del asfalto a los tribunales. La Fiscalía y los juzgados constitucionales deberán pronunciarse sobre la validez de la apelación y el respeto al derecho al libre tránsito. Mientras tanto, los usuarios siguen pagando.
“Estamos bien perjudicados porque hay mucha gente que vivimos por acá cerca y nos sale caro, incluso hasta una carrera chica”, comentó una vecina de Lurín. Otros, más escépticos, temen que el conflicto se prolongue sin soluciones claras.
Rutas de Lima insiste en que su apelación suspende los efectos de la resolución judicial, mientras que la Municipalidad de Lima sostiene que el cobro es ilegal. Entre recursos, comunicados y protestas, el ciudadano vuelve a ser el más afectado.
Por ahora, en las garitas de Villa y Punta Negra, los peajes siguen operativos. Y el conflicto, lejos de cerrarse, acaba de entrar en su fase más tensa.
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