La empresa Rutas de Lima ofreció a la Municipalidad de Lima la transferencia ordenada y pacífica de los peajes de Villa y Punta Negra, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios de las vías.
Esto debido a que desde el 5 de noviembre el Poder Judicial ordenó anular los cobros en esas concesiones, lo cual, afirma la empresa ha significado perder prácticamente la totalidad de sus ingresos.
Agregó que el 31 de octubre RDL apeló la sentencia que dio lugar a la referida suspensión del cobro de peajes, apelación cuyo trámite sigue en curso.
“Esta situación es insostenible puesto que la empresa está consumiendo las pocas reservas que le quedan a una velocidad acelerada”, señaló en un comunicado.
Según dijo, si la medida no se revertía antes de 3 semanas, la empresa se vería imposibilitada a seguir operando las vías concesionadas. “Hoy, habiendo transcurrido 10 días desde nuestra comunicación anterior, tales medidas no se han revertido”, agregó.
Reveló que el pasado 19 de noviembre se produjo una reunión entre representantes de Rutas de Lima (RDL) y funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para tratar esta situación. “En tal reunión, informamos a la MML que, en caso las medidas judiciales no se reviertan en el plazo indicado, RDL tiene la voluntad de efectuar una transferencia ordenada y pacífica de la concesión”, señaló.
Rutas de Lima precisó que ha puesto en conocimiento de todas las autoridades competentes esta crítica situación (incluyendo entidades del Gobierno Central tales como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior, entre otras), a efectos de que, dentro del marco de sus competencias, puedan adoptar aquellas acciones necesarias para garantizar la atención de las vías concesionadas, así como la seguridad de los usuarios. RDL no ha recibido respuesta alguna por parte de tales autoridades.
Finalmente y en modo de amenaza, la empresa y sus accionistas señalaron que se reservan todos sus derechos frente a los actos del Estado peruano.
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