El proceso judicial que enfrenta Martín Vizcarra ingresó a una etapa decisiva. El Poder Judicial declaró procedente el recurso de apelación presentado por su defensa, que busca dejar sin efecto la sentencia de 14 años de prisión efectiva impuesta por el delito de cohecho pasivo propio.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución N.° 35 y adoptada por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional. Con ello, se dispuso que el expediente sea elevado a la Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que revisará los argumentos planteados por el exmandatario.
Vizcarra fue condenado el 26 de noviembre de 2025 por supuestos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Según la sentencia, habría recibido sobornos vinculados a la adjudicación del hospital de Moquegua y del proyecto de irrigación Lomas de Ilo.
La pena impuesta incluye 14 años de cárcel, nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, más de 94 mil soles en días multa y el pago de una reparación civil solidaria que supera los dos millones de soles. Desde entonces, el expresidente permanece en prisión mientras continúa el proceso.
El recurso presentado por la defensa solicita la nulidad de la sentencia o, de manera alternativa, su revocatoria y absolución. También se ha pedido la excarcelación inmediata de Vizcarra, solicitud que forma parte del trámite admitido por el juzgado.
La apelación fue interpuesta dentro del plazo legal, lo que permitió que sea declarada procedente. Si bien esta decisión no modifica por ahora la situación jurídica del exmandatario, sí habilita una revisión integral del fallo en una instancia superior.
Además de Vizcarra, otras partes involucradas en el proceso también apelaron. La empresa Astaldi S.P.A. – Sucursal del Perú y la Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Odebrecht presentaron recursos que fueron admitidos, este último con el objetivo de revisar el monto de la reparación civil. En contraste, la apelación de Incot Contratistas Generales S.A.C. fue rechazada por falta de sustento.
Con estos recursos admitidos, el caso continuará su curso en la Sala Penal de Apelaciones Nacional, que deberá programar la audiencia correspondiente para escuchar a la defensa y al Ministerio Público.
La sentencia contra Vizcarra se sustentó en testimonios que señalaron la entrega de sobornos por parte de empresas constructoras a cambio de la adjudicación de obras públicas. Según el fallo, el exmandatario habría recibido más de dos millones de soles durante su gestión en Moquegua.
En ese contexto, Vizcarra presentó un escrito ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado en el que reclamó por la demora en la tramitación de su apelación. Señaló que habían transcurrido varios días sin que se notificara la resolución correspondiente, pese a que la ley establece plazos más breves.
El exmandatario también expresó su malestar a través de redes sociales, cuestionando la demora en el proceso y denunciando una presunta vulneración de sus derechos fundamentales. Estas manifestaciones marcaron una reaparición pública en medio del avance judicial. “Ya no soy candidato, ¿qué más buscan?”, escribió en su post, sugiriendo que enfrenta una persecución institucional.
Ahora, la atención se traslada a la Sala Penal de Apelaciones Nacional. Será este tribunal el que determine si la condena de 14 años se confirma, se modifica o se revoca, en una revisión que vuelve a colocar a Martín Vizcarra en el centro del debate judicial y político.
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