El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado desestimó el pedido del fiscal José Domingo Pérez para suspender temporalmente las actividades del partido Fuerza Popular, como parte de una investigación por el caso Odebrecht.
El juez Víctor Zúñiga Urday declaró infundado la petición del Equipo Especial del Caso Lava Jato, pero impuso, como medida alternativa, sometimiento a vigilancia judicial por el plazo de dos años.
Para ello, deberá remitir a dicha instancia judicial varios documentos, como la situación actual de las deudas que mantiene con entidades de prensa, televisiva, radial o de otro tipo, así como la relación de deudas con otras entidades (proveedores de productos o servicios).
Asimismo, la manera en que se proyecta pagar todas las deudas pendientes, así como la fuente de financiamiento; lista de los recursos económicos obtenidos para la presente campaña; además de la lista de recursos que mantiene en cualquier entidad financiera del país o extranjero.
También deberá precisar los gastos que ha realizado y que se cubren con financiamiento público directo, así como indicar cuáles son los gastos realizados y que se cubren con financiamiento privado.
Del mismo modo, Fuerza Popular deberá especificar qué actividades proyecta realizar para la obtención de recursos de financiamiento privado durante la actual campaña electoral. Toda esta información deberá ser actualizada y remitida al juzgado el 1 y 15 de cada mes.
Al respecto, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, saludó la decisión del Poder Judicial y remarcó que su partido sigue en carrera en las Elecciones Generales del 2021.
“Acabamos de recibir notificación. No hay suspensión a Fuerza Popular. Nuestra plancha presidencial, nuestros candidatos al Congreso y al Parlamento Andino, nuestros militantes y simpatizantes en todo el Perú seguimos adelante para volver a rescatar a nuestro país”, señaló.
Cabe remarcar que Fuerza Popular, al igual que su lideresa Keiko Fujimori y otros dirigentes, vienen siendo investigados por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal.
Esto, según el Ministerio Público, por haber recibido dinero de origen ilícito de la empresa brasileña Odebrecht y de otros empresarios para sus campañas electorales del 2011 y 2016.
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