El partido Fuerza Popular rechazó el pedido del fiscal José Domingo Pérez de suspender temporalmente sus actividades políticas por dos años y medio, en el marco de las investigaciones por el Caso Odebrecht.
A través de un comunicado, consideró que la solicitud del integrante del equipo especial Lava Jato es un “intento de limitar el legítimo derecho de nuestros militantes y simpatizantes a la participación política”.
“Este es un pedido sin precedentes en la historia política peruana que afecta a un partido que no ha tenido responsabilidades ejecutivas ni administrativas en el gobierno nacional”, señaló.
Asimismo, la agrupación política que lidera Keiko Fujimori aseguró que “la justicia debe ser la búsqueda de la verdad y no convertirla en un mecanismo destinado a deslegitimar a las organizaciones políticas, sus dirigentes y militantes”.
“Interferir con un proceso electoral en marcha, es un hecho excesivo y arbitrario. Las elecciones no pueden ser alteradas con suspensiones que no tienen precedentes o exclusiones ilegales que limiten el derecho de los ciudadanos a elegir a sus autoridades”, acotó.
Finalmente, Fuerza Popular pidió a las autoridades nacionales, organismos internacionales, organizaciones políticas, medios de comunicación y a los ciudadanos “a rechazar y no permitir esta evidente violación del estado de derecho que nos afecta a todos”.
El pedido del fiscal José Domingo Pérez se produjo después de que el pasado 21 de noviembre de 2019, el juez Víctor Zúñiga incluyó como persona jurídica al partido en la investigación por el presunto delito de lavado de activos en modalidad de organización criminal.
De acuerdo al documento fiscal del pasado 17 de julio, Pérez advierte a Zúñiga una serie de proyectos de ley y dictámenes que impulsó el partido naranja entre los años 2017 y 2018.
En dichos años, el objetivo de Fuerza Popular era modificar el etiquetado de octágonos con los colores blanco y negro con mensajes claros a una especie de semáforos, con colores verde, amarillo y rojo y cifras.
Sin embargo, en el documento no se aclara este proceso parlamentario tiene relación con Odebrecht u otras empresas con la bancada liderada por Keiko Fujimori. Ahora corresponde al juez fijar la fecha de la audiencia y así resolver la solicitud del Ministerio Público.
Según la hipótesis fiscal, Fuerza Popular sería una organización criminal que tenía como finalidad obtener poder político tras su participación en las elecciones del 2011. Para ello, según Pérez, Keiko Fujimori estuvo al frente de una operación para que el partido recibiera de Odebrecht US$1.2 millones, dinero que provenía de actos de corrupción.
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