Desde el primer día de clases, a los estudiantes de Derecho se les enseña a respetar la presunción de inocencia de toda persona sospechosa de algún delito. La lección va para todos, especialmente para quienes quieren ser fiscales o jueces, que deben impartir justicia imparcialmente.
“Es mejor que diez personas culpables escapen a que un inocente sufra”, “es preferible un culpable libre que tener a un inocente en la cárcel”, “no hay reparación alguna capaz de reparar el tiempo perdido de la persona que estuvo en la cárcel injustamente. Eso no tiene precio”, son algunos de los consejos que los catedráticos les imparten.
Todo indica que la fiscal Marita Barreto (54) —jefa del poderoso e intocable Equipo de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop)— no fue una alumna aplicada, pues ese concepto, básico y elemental, lo entendió al revés.
Hace unas semanas declaró textualmente: “El victimizarse (el detenido) no ayuda en absoluto. Si se dicen inocentes, pues que prueben que son inocentes en el Ministerio Público”. Es decir, en palabras sencillas, para ella todos son culpables, no existe la presunción de inocencia.
Probablemente, la deformación profesional de Barreto se deba a su tardío interés por ser abogada. Según el reconocido periodista de investigación Carlos Paredes, en un artículo publicado en la revista ‘Caretas’, Barreto se graduó como abogada recién a los 36 años, puesto que antes incursionó, sin éxito, en el negocio de las pollerías junto con su exesposo. Vivió en Huancayo y estudió en la Universidad Privada de los Andes (UPLA), en el turno de la noche.
Tiene una maestría otorgada por la Universidad Alas Peruanas, un centro universitario mediocre que no alcanzó su licenciamiento y fue cerrado por su baja calidad académica.
En la actualidad, Barreto es apenas una fiscal provincial, pero ostenta el cargo de fiscal superior provisional gracias a su ‘padrino’, el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez, quien la promocionó desde que ingresó al Ministerio Público. Hoy es la fiscal más poderosa del país. Solicita detenciones y allanamientos de domicilios a cuanta persona considera culpable de algún delito, sin mayores pruebas y utilizando las versiones de ‘testigos protegidos’, según se ha denunciado.
No es la primera vez que lo hace. Cuando tuvo a su cargo el caso del empresario Rodolfo Orellana —en ese proceso la magistrada recibió varias acusaciones de irregularidades que no fueron esclarecidas—, denunció a más de 400 presuntos involucrados y metió a la cárcel a cincuenta de ellos. Sin embargo, según cuenta Paredes, todos salieron en libertad por falta de pruebas o exceso de carcelería.
Reconocidos abogados coinciden en afirmar que el pensamiento Barreto, según el cual “los acusados deben probar su inocencia”, demuestra que dicha magistrada no es idónea para seguir ocupando el puesto que ostenta. El Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no se han pronunciado hasta hoy sobre ese “despropósito descomunal”, como bien lo ha calificado el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume.
En ese mismo sentido, cunde el desconcierto pues, tras la destitución de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides por parte de la JNJ, ocurrida la semana pasada, la fiscal Marita Barreto adquiere un poder omnipotente y hasta peligroso.
Su empoderamiento se acrecienta con el retorno de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien, al igual que Barreto, era enemiga pública de Benavides. Otro que se beneficia es el fiscal superior Rafael Vela, jefe de las fiscalías de lavado de dinero, quien también era acérrimo enemigo de Benavides. Ávalos y Vela, por cierto, retornaron a su cargo por resoluciones de jueces del Poder Judicial, que ahora parecen jugar en pared con el Ministerio Público.
No sorprendería que, en las próximas semanas, tanto la fiscalía de Barreto como la de Vela inicien redadas de detenciones y allanamientos mediáticos contra objetivos políticos, como el Congreso y Palacio de Gobierno.
Ahora, como se ha visto, tienen el apoyo de jueces que aceptan sus requerimientos, sin la mayor evaluación. Los jueces temen que si se niegan a sus pedidos, los fiscales los terminen empapelando y denunciando, como le ocurrió la semana pasada al juez supremo Juan Carlos Checkley. El magistrado iba a evaluar un pedido de la Fiscalía para suspender a la exfiscal Benavides, pero como había fallado a su favor en un requerimiento anterior, la Fiscalía le armó un caso injusto en su contra para que se inhibiera, lo cual hizo.
También se sabe que los jueces se someten a los fiscales por miedo a que la JNJ (aliada de la Fiscalía) no los ratifique en sus cargos. Otros lo hacen porque son parte de la comparsa fiscal.
La politización de la justicia entra en su máxima ebullición. Nos vemos el otro martes.
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