En lo más alto del Palacio de Justicia, bien lejos de cámaras y reflectores, se vivió una audiencia de alto voltaje: la presidenta Dina Boluarte pidió, con firmeza, que su historia clínica no salga a la luz. Todo esto, en el marco del escándalo por una operación estética a la que se habría sometido en junio del 2023, y que según la Fiscalía, no fue notificada ni al Congreso ni a su gabinete.
La audiencia se realizó el último viernes en el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley. Y aunque fue virtual, el clima estuvo más que caliente.
Fuentes del dominical Cuarto Poder revelaron que Boluarte habló por unos 10 minutos y repitió hasta el cansancio que su historia médica debe mantenerse bajo siete llaves. “Pretenden violentar mi privacidad. Señor juez, esta denuncia es inconstitucional”, dijo firme, asegurando que la cirugía no le impidió ejercer sus funciones como jefa de Estado.
Para la mandataria, todo esto es una cortina de humo lanzada por su examigo y ex primer ministro, Alberto Otárola, para desviar las acusaciones en su contra. Incluso, dijo que fue el mismo Otárola quien después confirmó ante el Ministerio Público que ella no abandonó el cargo.
Pero quien sí está dispuesto a contarlo TODO es el doctor Mario Cabani. En la misma audiencia, el cirujano habló por tres minutos y dejó claro que si el juez lo autoriza, dirá paso a paso lo que se hizo en el quirófano la noche del 28 de junio: qué tipo de sedación usaron, cuánto tiempo duró la operación (2 horas y 25 minutos) y cómo fue la recuperación de la presidenta.
El médico ha guardado silencio por respeto al secreto profesional, pero ya presentó documentos que revelan varios detalles del procedimiento realizado en la clínica Sanna de San Borja.
El Ministerio Público investiga si la mandataria incurrió en omisión de funciones al no avisar al Congreso ni al Consejo de Ministros sobre su intervención. Sin embargo, su defensa, representada por dos abogados (el principal, Juan Carlos Portugal, estuvo ausente), sostuvo que la Constitución no exige reportar este tipo de actos médicos.
También cuestionaron el levantamiento del secreto profesional de los doctores, pues –según su versión– los hechos bajo investigación ocurrieron después del tratamiento médico inicial.
El juez supremo Checkley tiene en sus manos una decisión clave: autoriza o no que los médicos hablen. Si lo hace, podría destaparse uno de los secretos mejor guardados del Gobierno de Boluarte. Mientras tanto, la presidenta sigue jugando todas sus cartas para que su paso por el quirófano no termine siendo su peor pesadilla política.
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