Por: Miguel Ramírez / Periodista de investigación
“No se encontró especie que guarde relación con la investigación del caso Gasoducto del Sur”, escribió en un acta la fiscal del caso Lava Jato, Geovanna Mori, luego de allanar la casa de la ex primera dama Nadine Heredia.
¿Alguien en su sano juicio puede creer que una persona guarde en su propia casa y durante años una información que la comprometa?
Como si se tratara de un thriller policial, 33 fiscales y 110 agentes de la Diviac también allanaron 26 inmuebles y dos estudios de abogados, con resultados similares.
Cualquier aspirante a investigador sabe que un allanamiento se hace apenas se inicia una investigación y no dos años después, como lo ocurrido el martes pasado.
Varios especialistas que siguen de cerca este caso se han preguntado: “¿Puro show o justicia?”.
Más allá de las responsabilidades de los implicados, lo cierto es que el millonario proyecto del Gasoducto del Sur (que se inició durante el gobierno de Alan García y culminó en el de Ollanta Humala) merece una aclaración del fiscal superior Rafael Vela, jefe del equipo especial Lava Jato.
En el mismo instante que en Lima se producían las intervenciones, Vela anunció desde Brasil que la empresa Odebrecht había admitido pagos ilícitos en esa obra.
Si esto fuera así, entonces los funcionarios de Odebrecht no solo mintieron a los fiscales peruanos, cuando dijeron que ahí no pagaron sobornos, sino también a la justicia norteamericana, ante la cual solo admitieron coimas en cuatro proyectos.
Nadie hablaba ya del Gasoducto hasta que una información proveniente de Ecuador reveló pagos por US$3 millones a personas con seudónimos.
La trama se complica, puesto que esos montos no habrían sido coimas, sino pagos por trabajos técnicos que hizo la empresa a especialistas en el tema.
“A mí me pagaron por un trabajo estrictamente técnico. Tengo las pruebas, no se trató de ningún soborno”, dijo a este columnista uno de los involucrados.
Hasta el momento, Odebrecht no se ha pronunciado sobre el anuncio hecho por Rafael Vela en Brasil, pero una fuente allegada a esa empresa consideró improbable que se haya admitido pagos ilícitos.
En el contrato firmado el 2014, explicó, existe una cláusula anticorrupción, lo que significa que la empresa perdería ¡US$1,000 millones! Toda una fortuna. ¿Entonces, a quién creerle?
El caso del Gasoducto se ha vuelto más rocambolesco con la aparición de la congresista Yeni Vilcatoma, quien quiere traerse abajo el acuerdo de colaboración firmado con Odebrecht.
Su testigo estrella es el preso Martín Belaunde, quien asegura que el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia recibieron dinero por esa obra.
Vilcatoma, quien lo ha visitado en la cárcel, le cree. Pero Belaunde –conocido por su astucia y habilidad para manipular– no ha aportado prueba alguna y ha arrastrado a muchos funcionarios honestos.
La lucha contra la corrupción debe ser transparente. Nos vemos el otro martes.
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