En los últimos meses, el Congreso de la República ha recibido duras críticas por sus excesivos y, para muchos irrelevantes, gastos en cosas como buffets, pasajes aéreos, celulares, remodelaciones de oficinas, alfombras, estacionamientos y otras gollerías. Y es que parece que al Parlamento le sobra la plata, pues el presupuesto asignado al Poder Legislativo alcanza los 928.2 millones, una cifra que supera en 43% los S/649.6 millones recibidos en el 2021, durante el inicio del actual período parlamentario.
Los montos más altos se aprobaron o modificaron durante las dos últimas gestiones de la Mesa Directiva, a cargo de los congresistas María del Carmen Alva (Acción Popular) y José Williams (Avanza País).
Según un informe del diario ‘El Comercio’, los gastos que demandará el legislativo para este año ya superan los recursos asignados a los despachos ministeriales e instituciones anexas de tres sectores del Ejecutivo. Entre estos figuran Cultura (S/713.4 millones), Comercio Exterior y Turismo (S/615.7 millones), así como Mujer y Poblaciones Vulnerables (S/869.9 millones), de acuerdo con cifras extraídas del portal Consulta Amigable del MEF.
La partida presupuestal más abultada –y donde se aprecia un mayor crecimiento– corresponde a los gastos de personal y obligaciones sociales, que solo en los últimos dos años se elevó en 47%, pasando de S/447.2 millones a S/659.5 millones.
El Perú tiene el cuarto presupuesto más alto de la región, solo por debajo de Argentina, México y Brasil. Pese a tener menos integrantes (130 legisladores), los recursos del Parlamento nacional son más altos que los de Colombia y Chile, países que tienen más representantes y son bicamerales.
Este hecho también se refleja en el ránking de inversión por parlamentario, en el que el Perú ocupa el segundo lugar de la región, solo superado por Brasil (país que tiene 594 congresistas). Para este año, el gasto anual promedio por legislador asciende a S/7.1 millones (US$1.9 millones al tipo de cambio en abril).
Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista y exjefe del centro de estudios constitucionales del Congreso, resaltó en ‘El Comercio’ que la contraloría debe tener un rol más activo en supervisar el gasto parlamentario. Remarca que actualmente existe una sobrepoblación laboral, en la que se cuentan más de 3600 trabajadores internos, sin contar el personal de confianza designado por los congresistas.
“Cuando había más parlamentarios, entre senadores y diputados, el gasto era mucho menor. Lo que se debe hacer es reducir los módulos de personal. Hay trabajadores nombrados que no los puedes sacar, pero también ha entrado mucho personal para pagar favores políticos. Los primeros pueden pasar a trabajar en los despachos congresales o en las bancadas. No se debe contratar más personal externo”, explica.
El especialista sostiene que uno de los problemas que impide el control de los gastos es que el Legislativo aprueba cada año su propio presupuesto, a diferencia del resto de organismos del Estado.
“El problema no es tanto la remuneración de los congresistas, que es similar respecto a la de otros países, sino los gastos de la institución, que son mucho más altos que en otros parlamentos. Por ejemplo, en el Perú a alguien se le ocurrió que el puesto de parlamentario andino sea ajeno al puesto de parlamentario. Es una duplicidad de sueldo y más gasto”, anotó.
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