TREMENDA DEUDA. Pese a que el Tribunal Constitucional (TC) determinó la liberación inmediata del Alberto Fujimori, la Procuraduría Anticorrupción informó que, hasta la fecha, el expresidente acumula una deuda de aproximadamente S/ 57 millones por concepto de reparación civil correspondientes a las tres de las sentencias que el Poder Judicial ordenó en su contra.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción emitió un comunicado detallando que el exmandatario acumula este monto que incluye los intereses generados por no pagar las reparaciones impuestas en sus condenas.
Los tres procesos judiciales que dictaminaron estas reparaciones civiles son por el allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago irregular de la CTS a Montesinos.
“Este monto no puede ser cobrado mediante la incautación de su pensión vitalicia ya que desistió de cobrar una pensión del Congreso en su condición de expresidente y no registra ningún bien o propiedad a su nombre que pueda ser embargada como cobro de la reparación civil”, advirtió la procuraduría.
En esa línea, resaltaron que el fallo del Tribunal Constitucional emitido en los últimos días y que ordena la restitución del indulto humanitario a favor de Fujimori “no libera al condenado de pagar la reparación civil”.
Por esto, señalan que el Ministerio Público debe garantizar la permanencia del procesado en territorio nacional mientras siga afrontando los casos pendientes por los cuales ha sido extraditado de Chile.
La deuda de Fujimori con el Estado se estimaba en S/27 460 216,00, pero debido a los intereses acumulados desde su condena, ascendió a S/57 000 000,00. La Procuradoría Especializada en Delitos de Corrupción confirmó esta cifra y señaló que incluye los intereses por el no pago de la reparación civil impuesta por el Poder Judicial por tres hechos: el allanamiento irregular de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a su exasesor.
Fujimori tiene en total cinco sentencias. Además de las tres mencionadas, el exdictador fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y por haber ordenado el desvío de S/122 millones de los fondos de las Fuerzas Armadas al SIN para financiar los llamados diarios chicha.
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