Los días en los que uno tenía que pagar para obtener una copia de su denuncia policial tras haber sido victimas de robo, pérdida, violencia familiar o algún otro delito, ya son cosa del pasado.
En adelante, la primera copia certificada de una denuncia policial será gratuita y deberá ser emitida y entregada al denunciante de manera inmediata, una vez realizada la denuncia correspondiente.
Esta es una de las medidas que forma parte del “paquete simplificador administrativo” aprobado ayer por el Consejo de Ministros y en el marco del proceso de modernización del Estado impulsado por el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
Antes, cuando un ciudadano era víctima de un delito, tenía que ir a una agencia del Banco de la Nación, pagar 7.60 soles y de ahí, con su voucher dirigirse a la comisaría para sentar su denuncia policial y recibir una copia.
Esta decisión del Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski tiene como objetivo eliminar los trámites innecesarios que hasta el momento deben realizar los ciudadanos ante el sector público y que encarecen y aletargan esos procedimientos.
¿Y LOS ANTECEDENTES POLICIALES?
Otro trámite simplificado es el referente al certificado de antecedentes policiales, que antes sólo podía ser tramitado personalmente por el interesado.
Ahora, este documento también podrá ser solicitado por el cónyuge y los parientes del interesado hasta el primer grado de consanguineidad (padres e hijos), previa autorización expresa del titular y mediante una carta simple.
También forman parte del paquete simplificador aprobado por el Poder Ejecutivo, la conexión de las entidades públicas para compartir sus bases de datos actualizados y ya no estar pidiendo dos y más veces los datos a los ciudadanos; la prohibición de exigir a los usuarios documentos redundantes o inútiles; la eliminación del certificado de supervivencia que se exigía a los adultos mayores; también del certificado de discapacidad; validez del DNI caduco para realizar actos administrativos; y trámites de formalización a bajo costo.
Cabe precisar que las entidades del Estado tienen 60 días para que se adapten a esta nueva forma de operar en beneficio del ciudadano.
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