POR: MIGUEL RAMÍREZ / Periodista de investigación
A estas horas, el terrorista Osmán Morote Barrionuevo –el exnúmero dos de Sendero Luminoso, causante de miles de muertes– está en su cómoda casa de Chaclacayo planificando completar ‘las tareas pendientes de su organización’, como él mismo lo dijo el año pasado cuando aún estaba en prisión.
“La prisión es dura, pero jamás nos someterá, menos debilitará nuestra profunda convicción de que el futuro pertenece al proletariado y al pueblo”, declaró sin el menor arrepentimiento, pese a los 30 años que estuvo en la cárcel.
Como esa libertad ha causado la justa repulsa de los peruanos, los politiqueros –encabezados por el mediático ministro Salvador Heresi– la emprendieron únicamente contra el Poder Judicial. Sin embargo, en rigor, esa responsabilidad recae en el Ministerio Público y la Procuraduría por dejar que el plazo de prisión preventiva, en tres casos que aún tiene Morote, se les venciera y no apelaran a tiempo.
En lugar de estar buscando popularidad, las autoridades deben resolver el maltrato que reciben miles de policías héroes que quedaron inválidos en los enfrentamientos con el terrorismo. La mayoría de ellos están abandonados a su suerte y el Estado no cumple con lo que les corresponde.
Es el caso del suboficial PNP en retiro Agustín Soto Rivera (58), quien perdió una pierna y hoy se gana la vida con su mototaxi, trabajando de sol a sol, en Tingo María. El 20 de diciembre del 2005 la patrulla de Soto fue emboscada por una columna senderista en una zona de Aucayacu, en Tingo María.
Después de un cruento y desigual combate, ocho de sus compañeros terminaron muertos. Los que quedaron heridos fueron rematados, sin misericordia, con disparos en el cráneo. Soto recibió varios balazos y perdió el conocimiento. Los terroristas lo creyeron muerto. Fue el único sobreviviente.
Horas después fue rescatado y llevado a un hospital. Su pierna derecha quedó casi destrozada. Luego empeoró, se la tuvieron que amputar y le colocaron una prótesis.
Su brillante carrera policial acabó allí, pero también empezaron sus penurias. Cuando ocurrieron los hechos, las autoridades de entonces lo condecoraron y le prometieron que le entregarían una casa, como así lo establece la Ley 23694 del año 1992.
El año 2010 –después de soportar el calvario de ir y venir desde Tingo María a Lima– logró que se dictara una resolución que oficializaba la entrega de su vivienda, pero hasta ahora no le dan nada.
“¡Ya estoy cansado. Me he puesto a llorar de rabia! ‘Tiene que esperar’, me dicen. Incluso me han negado mi ascenso automático que me correspondía. Esto es un maltrato”, afirma Agustín Soto.
El caso de Soto Rivera es uno de los miles que existen y duermen el sueño de los justos. La vida de estos valientes policías –que nos permiten vivir hoy en paz– no parece importarles a las autoridades. Nos vemos el otro martes.
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