El Ministro de Educación, Martín Benavides, indicó que la reforma universidades emprendida por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha colisionado con ciertos intereses económicos que actualmente están representados en el Congreso de la República.
En esa línea indicó que la instalación de una comisión que investigue a la superintendencia representa un “ataque” hacia la reforma de la educación superior por parte de quienes buscan desbaratarla.
“Yo ya he dicho que desde el inicio, en la Comisión de Educación, ya se han presentado hasta 3 iniciativas para debilitar a la Sunedu, ya la Contraloría está investigando lo que ellos señalan, entonces sobre eso poner otra comisión es un despropósito, lo que ha ocurrido [con las licencias] es algo que está reglamentado. No hay ningún tipo de favorecimiento”, aseveró en RPP.
“Para mí, la motivación [de formar esta comisión investigadora] es frenar la reforma porque ha chocado con intereses de gente relacionada con universidades, cuyos intereses están representados en el Congreso, de eso no queda duda”, agregó.
El último sábado 4 de julio, el pleno del Congreso de la República aprobó la conformación de una comisión investigadora contra la Sunedu por presuntas irregularidades en el proceso de licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL).
La conformación de este grupo de trabajo se dio luego de que un portal web denunciara un presunto “favoritisimo” por parte de la Sunedu con la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) –en filiales ubicadas en distintas regiones, como Ica– y la Universidad Peruano Alemana (UPAL), ya que según dijeron se licenciaron cuando no tenían alumnos matriculados o aún estaban en construcción.
Al respecto, el vocero de Sunedu, Joseph Dager, dijo a este diario que el otorgamiento de licencia a estos centros de estudios estuvo acorde a los parámetros de la institución.
“Eso sucedió con la UTP y otras siete universidades. En el caso de la UTP, sucedió en el 2019 y no iban a abrir [las filiales] hasta mayo del 2020. A partir de la apertura, se tenía que verificar. Lo que la Sunedu verificó en el 2019 es que esos locales [en Ica, que según la denuncia todavía no están construidos] estaban equipados para los dos primeros años de funcionamiento”, dijo el funcionario.
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