POR: MIGUEL RAMÍREZ / Periodista de investigación
“Keiko Sofía quiere dinamitar la gobernabilidad porque está asustada. Teme que el fiscal José Domingo Pérez ordene una medida restrictiva drástica contra ella”, me dijo una fuente de su entorno horas después de que Keiko Fujimori y sus 59 congresistas de Fuerza Popular, decidieran apoyar el nuevo pedido de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
La situación de Keiko, en efecto, es complicada. Según el propio fiscal José Domingo Pérez Gómez –encargado de investigar los aportes que recibió Fuerza Popular en las campañas del 2011 y 2016- las diligencias practicadas hasta hoy confirman su hipótesis inicial: dicho partido político habría recibido aportes indebidos de la empresa corrupta Odebrecht, que no fueron declarados.
La pesadilla de Keiko es el tenaz fiscal Pérez Gómez, quien el 5 de setiembre del año pasado fue nombrado para investigarla en reemplazo del fiscal Germán Juárez, que mostraba una desidia clamorosa en dicha indagación. Estaba a punto de archivarla.
Pocos han advertido que Keiko Fujimori y Fuerza Popular han sufrido duros reveses en las últimas semanas, lo que explica su nerviosismo y su afán por crear una crisis política con la vacancia presidencial.
Veamos. El mes pasado, la Primera Sala Nacional de Apelaciones rechazó su pedido para que la investigación en su contra por el caso de los ‘cocteles’ -que también está en manos del fiscal Pérez- fuera archivada. Los magistrados extendieron el plazo a 36 meses, adecuada a la Ley de Crimen Organizado.
Luego llegó la declaración de Jorge Barata, quien confesó al fiscal Pérez que la empresa Odebrecht, que él representaba en el Perú, entregó US$1 millón 200 mil para la campaña de Keiko el 2011, a través de Jaime Yoshiyama, en ese entonces secretario general y jefe de campaña de Keiko.
El martes pasado recibió otro duro golpe: la Segunda Sala Penal de Apelaciones rechazó el recurso que planteó Fuerza Popular para que se anularan los allanamientos al local de su partido y su ‘búnker’ personal, que efectuó el fiscal Pérez en diciembre del año pasado.
Esa Sala también negó el pedido de los fujimoristas para que les devolvieran los documentos y libros contables incautados en esas dos intervenciones.
Ese mismo día, el fiscal Domingo Pérez allanó, simultáneamente, los domicilios de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, a quienes Jorge Barata –según su propia declaración- les entregó el millonario monto para la campaña de Keiko. La documentación encontrada es pura dinamita.
En la noche de ese martes, Keiko Fujimori reunió a sus huestes y en la madrugada del miércoles anunciaron que apoyarían el pedido de vacancia presidencial.
En esta trama de provocar el desgobierno también están los apristas, cuyo líder, Alan García, teme por lo que pueda confesar Jorge Barata al fiscal Hamilton Castro, que lo interrogará próximamente. ¿A quiénes les conviene el caos político? La respuesta es obvia. Nos vemos el otro martes.
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