El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor de Bolivia, Jorge Silva, confirmó este viernes que las regiones de La Paz y Santa Cruz han realizado vacunaciones irregulares contra la COVID-19 a ciudadanos que no pertenecen al personal médico.
Asimismo, aseguró que continúan las investigaciones en contra de las regiones de Tarija y Chuquisaca que se encuentran en “proceso de verificación”, según sus declaraciones a la agencia de noticias Efe.
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Respecto a La Paz se denunció la vacunación irregular de un militar y tres administrativos de la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil). Las investigaciones se dan desde hace dos días y están a cargo del Ministerio de Defensa.
De otro lado, en Santa Cruz, se denunció penalmente a un funcionario que incluyó en un listado para la vacunación a dos personas que no pertenecen al personal de salud, según Marcelo Ríos, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), en declaraciones a medios locales de su país.
En Tarija dos personas presuntamente recibieron la vacuna de forma irregular en el hospital San Antonio, mientras que en Chuquisaca se habla de un número aún no determinado de supuestos familiares del personal de la Gobernación regional que se beneficiaron con la inmunización.
El personal encargado de la vacunación que dé prioridad a sus amigos o familiares, o se deje “intimidar por algún cargo, grado, presión política o de poder económico” estaría cometiendo un delito de incumplimiento de deberes, según el viceministro Silva. Mientras que quienes se beneficien ilegalmente con la vacuna incurren en el delito de tráfico de influencias, precisó el funcionario.
Por ello, los implicados en estos hechos irregulares serán imputados “mínimamente por estos dos delitos, sin descartar otros”, explicó Silva.
El viceministro Silva afirmó que se vacunará a toda la población en un plazo máximo de seis meses, completando así el proceso de inoculación en setiembre. “Existe un plan y ese plan tiene un cronograma con etapas, que se deben cumplir”, sustentó.
Según la autoridad, las primeras vacunas recibidas están destinadas al personal de salud que trabaja en primera línea con las personas contagiadas con la COVID-19 porque “están arriesgando su salud y su vida”.
Posteriormente se vacunarán a las personas con enfermedades crónicas, para después continuar con la vacunación masiva en todo el país. Asimismo, reafirmó que si las personas que deben vacunarse al final lo hacen primero, “entonces el plan va a fallar”.
En Bolivia el proceso de vacunación comenzó a fines de enero con la aplicación de 20,000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V al personal médico de primera línea, mientras que la vacunación masiva propiamente se activó la semana pasada tras la llegada de la vacuna china Sinopharm.
Los reportes del Ministerio de Salud de Bolivia indican que el país del altiplano acumula 11,761 decesos y 252,360 casos confirmados de COVID-19 desde los primeros contagios en marzo de 2020, considerando que se encuentran en un proceso de “desescalada”, según sus autoridades.
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