El alcalde de Los Olivos Felipe Castillo, sindicado como uno de los responsables de la tragedia de la discoteca clandestina Thomas Restobar donde murieron 13 jóvenes, tiene una condecoración oficial que cualquier peruano envidiaría: Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz ‘por sus servicios distinguidos’.
Dicho galardón es la máxima distinción que otorga el Congreso de la República peruano a jefes de Estado, ministros, embajadores, políticos, jefes de las Fuerzas Armadas y a las más altas personalidades civiles que destacan en el país o en sus naciones. Se entrega en una ceremonia solemne en el Parlamento.
¿Quién le dio tamaña condecoración? Sí, el gobierno del expresidente Alan García. Ocurrió en marzo del 2011 cuando el Congreso era presidido por el aprista César Zumaeta.
La tan preciada distinción se le otorgó, pese a que ese momento una fiscalía anticorrupción lo estaba investigando por malversación de fondos. Castillo había utilizado el dinero destinado a obras sociales para la construcción de una universidad en la que él mismo sería el rector.
De acuerdo a las pesquisas, Castillo puso en marcha su proyecto universitario privado con fondos del municipio, no obstante que el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu) lo había rechazado por ‘ilegal’.
El alcalde construyó un edificio de 11 pisos para su centro universitario con la recaudación de arbitrios e impuestos municipales. El costo aprobado de la obra, que se entregó por adjudicación directa, fue de S/.4 millones, pero terminó costando S/.16,6 millones.
Pero allí no quedó la cosa. Cuando el Conafu rechazó la creación de la universidad, Felipe Castillo presentó un proyecto de ley para formalizar la entidad académica como si fuera pública. ¡Y zas!, en menos de un mes y medio, el Congreso, que en ese momento presidía el aprista Zumaeta, le dio luz verde.
Días después, el mismísimo presidente Alan García promulgó la norma y también inauguró la universidad en una ceremonia llena de pompa y elogios al alcalde Castillo, a quien llamó en su discurso “preclaro amigo”. Castillo ya tenía 15 años en el cargo.
“Esa ley vulnera la autonomía universitaria porque dispone que el consejo sea el que designe al rector, a la comisión organizadora y apruebe sus estatutos”, dijo el congresista Daniel Mora, en ese entonces presidente de la Comisión de Educación.
Esa y otras denuncias contra Felipe Castillo terminaron archivadas por el Poder Judicial. Castillo continuó orondo con su carrera política y el año pasado fue elegido otra vez alcalde de ese municipio.
“Mi responsabilidad es estrictamente emocional”, dijo suelto de huesos cuando le preguntaron sobre la tragedia ocurrida en su distrito. Su frase causó indignación en las redes sociales.
Castillo tiene ahora otra gran cruz, pero esta vez por los jóvenes que murieron en la discoteca clandestina que funcionaba en sus narices. Nos vemos el otro martes.
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