Si la nueva fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quiere limpiar la imagen y la poca credibilidad del Ministerio Público (MP), debería analizar la controvertida gestión del fiscal José Domingo Pérez, como integrante del equipo especial Lava Jato.
No solo por las declaraciones comprometedoras en su contra de Jaime Villanueva, el exasesor de la otrora mandamás del MP Patricia Benavides, ratificadas hace unos días en los programas de ‘Cuarto poder’ y ‘Milagros Leiva entrevista’. O por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por lo cual una fiscalía suprema lo investiga.
Lo que debería primar en su criterio es la injusticia monumental que José Domingo Pérez cometió contra José Luis Bernaola Ñuflo, el humilde chofer del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). El jueves pasado, su caso fue archivado por el juez Jorge Chávez Tamariz. El magistrado dispuso el levantamiento de todas las medidas coercitivas en contra de sus bienes y la anulación de los antecedentes judiciales y policiales que Pérez pidió contra él, durante el proceso que se le sigue a PPK por el caso Odebrecht.
Domingo Pérez, endiosado y defendido sin rubor por muchos coleguitas, acusó a Bernaola de ser parte de una organización criminal y de haber lavado diez mil dólares entre enero y abril del 2017. Pero dicho monto era parte de su sueldo, gratificaciones, beneficios sociales y pagos para los empleados y obreros que trabajaban en la casa de PPK.
En la alucinada mente de Domingo Pérez, el humilde conductor tenía conocimiento de que ese dinero era ilícito y provenía de los supuestos sobornos que habría recibido el exmandatario. Era tan absurda la sospecha que el juez Tamariz la rechazó. El magistrado, incluso, tuvo que dejar de lado sus compromisos personales: su esposa es fiscal y trabaja en la misma fiscalía que Domingo Pérez.
Bernaola trabajó con PPK durante 27 años hasta el 2019 cuando el expresidente renunció a su cargo y empezó a ser procesado. Allí también se inició su pesadilla. Domingo Pérez lo incluyó en ese proceso y estuvo detenido con Gloria Kisic, la secretaria de PPK. El chofer se quedó sin trabajo, su hija estuvo a punto de suicidarse y se arruinó económicamente. Tuvieron que pasar seis largos años para que, gracias a su abogada Guisella Ruiz, un juez advirtiera la injusticia.
“Me han perjudicado mi vida, no tengo trabajo. Trabajo eventualmente con amigos que me conocen y conocen al doctor, y que saben que he trabajado con él. Me llaman para darles un servicio para manejar”, dijo Bernaola a RPP cuando se enteró del fallo.
Su tragedia no termina. José Domingo Pérez ha apelado la resolución del juez Tamariz para que siga siendo procesado.
No es la única arbitrariedad que Pérez ha cometido. Lo mismo hizo con el abogado Arsenio Oré y lo hace con el empresario Ricardo Briceño.
El caso Bernaola debe indignarnos a todos. No puede ser que una autoridad, que debe impartir justicia y ser imparcial, dicte arbitrariedades. Y no le pasa nada. ¿Podrá dormir tranquilo en las noches el fiscal Pérez? Nos vemos el otro martes.
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