Por: Miguel Ramírez (Periodista de Investigación)
Unos 1,500 policías, 300 soldados, 70 fiscales, varios ministros y el propio presidente Martín Vizcarra, tomaron la semana pasada ‘La Pampa’, el corazón de la minería ilegal, en Madre de Dios. En ese infierno, en donde campean todos los delitos penales, los mineros ilegales han arrasado –solo entre enero y octubre del 2017– ¡1,658 hectáreas de bosque!
Parecía una película repetida, utilizada mediáticamente por los diferentes gobiernos para encubrir su inercia y permisividad con esta amenaza ambiental. Sin embargo, por lo que se ha informado, se trata de un plan debidamente estructurado.
Se ha formado una Comisión Multisectorial Permanente, integrada por representantes de 13 ministerios y la Sunat, que se encargará de hacer seguimiento de las acciones y del proceso de formalización.
‘La Pampa’, sin embargo, no es el único problema. También están las llamadas plantas de beneficio informales que operan en las zonas altas de Ica, Palpa, Nasca y Arequipa. La mayoría de ellas labora sin ningún tipo de control, según varios especialistas ambientales.
Estas se dedican a procesar el oro, plata y cobre, procedentes de la minería ilegal. Son verdaderas moles que trabajan día y noche, triturando y transformando la roca mineral que extraen los mineros filonianos (socavón) de los cerros de Angasmarca, Piura, La Libertad y Ayacucho. Una vez transformado el mineral lo sacan al extranjero.
Dicha actividad mueve anualmente entre 300 y 500 millones de dólares. Nadie sabe quiénes son sus reales dueños, tienen muy buenos contactos y las autoridades regionales tampoco se interesan en fiscalizarlos.
El año 2014, el gobierno del expresidente Ollanta Humala lanzó una gigantesca operación con 1,500 policías, una docena de fiscales y un helicóptero artillado contra estas plantas ubicadas en Chala (Arequipa). Lo que ocurrió fue de película.
Se había detectado, por información de las propias autoridades regionales, que muchas de ellas operaban ilegalmente, sin los permisos respectivos.
Los policías llegaron un día antes de la acción y se apostaron en lugares estratégicos. Caerían por la noche, de sorpresa. Toda la operación se manejaba sigilosamente.
Pero minutos antes de iniciarse, los principales jefes de la intervención empezaron a recibir desesperados mensajes en sus teléfonos celulares. Los funcionarios regionales les comunicaban que las plantas que iban a intervenir sí contaban con los permisos respectivos para operar.
En los textos adjuntaron unos simples documentos escritos a mano y, sospechosamente, con fechas pasadas con las respectivas autorizaciones. “¡Nos jodieron toda la operación! No nos quedó otra cosa que respetar la ley”, recordó el coronel EP César Sierra, quien participó en aquel episodio.
Algunas plantas que no lograron obtener el documento ‘salvador’ fueron dinamitadas, pero luego volvieron a operar.
A todo esto hay que sumar las bandas de delincuentes que invaden minas formales, y que cuando son detenidos salen en libertad inmediatamente.
La lucha contra la minería ilegal no debe tener contemplaciones. Nos vemos el otro martes.
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