Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un pescadito frito con arrocito graneado y ensalada rusa. Para tomar pidió una jarrita de chicha morada. “María, las organizaciones criminales lentamente están penetrando a los organismos estatales y los poderes del Estado.
Ya hemos visto en anteriores columnas que la minería ilegal ha metido gente en el actual Congreso y en el siguiente habrán muchos más. Y desde hace unos años las mafias de la extorsión y el cobro de cupos se han apoderado de algunos municipios, como pasa en el Callao o en La Victoria.
Hace unos meses se supo que el extorsionador Adam Smith Lucano, ‘El Jorobado’, había logrado que la Municipalidad de Carabayllo haga contratos con sus empresas de fachada, a fin de lavar el dinero que obtiene ilegalmente por pedir cupos a negocios y transportistas. Esto es muy peligroso.
En unos años más hasta pueden colocar a un presidente. Estamos en camino de volvernos un país similar a Haití, donde las bandas armadas dominan esa isla y tienen tanto poder de fuego como el mismo ejército nacional. Aún estamos a tiempo de corregir esto, pero el trabajo será arduo. Queda en los partidos que pasen a la segunda vuelta hacer una gran labor.
Primero está el país antes que sus pactos con la minería ilegal, por ejemplo. Fíjense nomás en estos datos: La inseguridad y la extorsión le cuestan al país aproximadamente el 2.2% del Producto Bruto Interno (PBI). Y se estima que las pérdidas económicas por extorsiones ascienden a unos 6 mil millones de soles anuales. A inicios de 2025, el gobierno estimó que operan más de 200 organizaciones criminales solo en Lima Metropolitana, caracterizadas por delitos como extorsión, sicariato y robo. Es tal su poder económico que fácil corrompen alcaldes, regidores, funcionarios menores, policías, ministros, congresistas y otros más. Por eso hay que descabezarlos de una vez. Sin miramientos. Con toda la fuerza de la ley. Si no lo hacemos hoy, mañana será imposible. Ya lo saben”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.
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