Este Búho se impresionó cuando vio el video del preciso momento en que los ‘tigres’ de la División de Secuestros liberaron al empresario cevichero Pedro Huansi, secuestrado en su local en San Juan de Lurigancho. En el Perú vivimos en la década de los ochenta y los noventa una verdadera ‘industria de los secuestros’ a cargo del sanguinario grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que algunos obtusos insisten en calificar que fueron ‘guerrilleros’, cuando eran una banda de vulgares delincuentes asesinos. Eso lo deben saber los escolares y universitarios que no vivieron esas épocas de terror. Su líder era Víctor Polay Campos, hoy encarcelado en la Base Naval. Los ‘martacos’ iniciaron sus acciones sin anunciar fecha como Sendero. Sus bases estaban asentadas en la zona de San Martín y la selva central, donde se aliaban con los narcotraficantes y cobraban ‘cupos’. Les gustaba la ‘peliculina’ y daban ‘entrevistas’ a la prensa extranjera. Pucallpa y Tarapoto fueron testigos de las atrocidades de los ‘cumpas’ contra travestis y drogadictos. Asesinatos a los que cínicamente denominaron ‘profilaxis social’.
Pero en Lima funcionaba una maquinaria diabólica: su ‘caja’ para financiar económicamente la supuesta guerrilla. Se dedicaron a la industria de los secuestros. ‘El Negro’ Hugo Avellaneda jefaturaba el grupo de plagiarios que disparaba a matar a los guardaespaldas. Pero era Peter Cárdenas Schulte, el desalmado número dos del grupo terrorista, el ‘cerebro’ de la malsana ‘industria’. Sus objetivos eran prósperos empresarios vinculados a la producción, el agro, la minería, la banca y comunicaciones, como Héctor Delgado Parker. Ellos sepultaban a los empresarios en un inhumano cautiverio que no tiene parangón en la historia de América Latina.
Fue precisamente Cárdenas quien ideó y diseñó esa terrible cámara de tortura medieval, a las que llamó ‘cárceles del pueblo’. Estas se construían haciendo agujeros diminutos debajo de los clósets de casas residenciales, donde se alojaban los jerarcas del movimiento, como Polay, Avellaneda, Cárdenas y el sádico chileno Jaime Castillo Petruzzi. Los ‘sepultaban’ en habitaciones reducidas bajo tierra, eran ataúdes de concreto donde no había luz solar y el foco lo prendían solo cuando les lanzaban las sobras de lo que almorzaban los terroristas.
La táctica del negociador Peter era destruir moralmente a la familia. Les enviaban fotos donde aparecían desnudos y totalmente flacos, para obligarlos a que cumplan con el rescate. Algunos no tuvieron la suerte de salir tras un largo periodo de encierro y morían en cautiverio, como el empresario minero David Ballón Vera, quien después de cinco meses de cautiverio fue asesinado y su cadáver arrojado en una calle de San Miguel. Ballón era un fornido hombre de cien kilos de peso, pero su cadáver solo pesaba 40 kilos. Delgado Parker, después de seis meses, fue liberado porque pagaron su rescate, pero las terribles condiciones del confinamiento le destrozaron la salud y falleció pocos meses después. Casi paralelamente, en Colombia, el movimiento terrorista M-19 también mantenía las crueles ‘cárceles del pueblo’.
El actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue cabecilla de esa organización criminal, con el alias de ‘Comandante Aureliano’. Según terroristas arrepentidos, el ‘Comandante Aureliano’, o sea Petro, se bajaba los pantalones y defecaba en el hueco como si fuera una letrina, para embarrar con su excremento a los infortunados secuestrados. Por esta razón, sus camaradas lo bautizaron como el ‘Comandante Cacas’. Con ese prontuario pretende darnos lecciones de democracia a los peruanos.
Hoy nos vemos nuevamente amenazados por una creciente ‘ola de secuestros’, extorsiones, robos en casas, locales de comida, apuestas, peluquerías, spas. Ni qué decir del sicariato y la ‘explotación de la prostitución’. Existen bandas venezolanas sanguinarias que no vacilan en asesinar a sus plagiados. Pero también se han unido delincuentes colombianos y peruanos. Sus objetivos ya no son, como antaño, grandes empresarios, sino emprendedores en los rubros de gastronomía, comercio, profesionales de la salud, odontólogos o conocidos como el ‘Doctor dieta’, César Olaya.
En estos momentos la prioridad número uno del Gobierno debe ser el combate a la delincuencia. También la Municipalidad de Lima tiene responsabilidad. ‘Porky’ no puede inflar el pecho con su playa-piscina en San Juan de Lurigancho, cuando la ciudad está capturada por la delincuencia, sobre todo ese distrito gigante. Que invierta en un plan serio tipo el ‘Plan Bratton’ o ‘tolerancia cero’, que impusieron para reducir la criminalidad en Nueva York, en ese momento, la ‘ciudad más insegura del mundo’. La guerra a la delincuencia pasa, sobre todo, por decisiones políticas. Y los políticos están en otra. Apago el televisor.
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