La designación de Qatar como próxima sede del Mundial 2022 generó una oleada de críticas, acusaciones e investigaciones a nivel internacional, ocasionando más de un sobresalto al ente supremo del fútbol: la FIFA.
MIRA: Lapadula y la historia de cómo el nuevo goleador más querido de Perú obtuvo su DNI en tiempo récord
A las dudas sobre el proceso de atribución de la sede y las críticas por las altas temperaturas en los meses donde se suele realizar este evento, se han sumado las denuncias por condiciones deplorables de trabajo en las obras ligadas a lo deportivo y los abusos cometidos contra los derechos humanos de las minorías.
En 2016, Amnistía Internacional denunciaba en un informe las peores condiciones en las que trabajaban los inmigrantes que se encargaban de la reconstrucción y reforma del emblemático estadio Jalifa, ubicado en la ciudad de Doha.
“Están siendo explotados”, señalaban. “Algunos son objeto de trabajo forzado. No pueden cambiar de trabajo, no pueden salir del país y suelen tener que esperar meses para cobrar sus salarios; mientras, la FIFA, sus patrocinadores y las empresas de construcción implicadas se preparan para obtener grandes beneficios económicos de la celebración del torneo”, denunciaron.
Según señala este informe, si los trabajadores se quejaban de las condiciones o pedían ayuda, normalmente eran intimidados por sus empleadores amenazándoles de que los regresarían a sus países.
En el 2020 y tras las constantes denuncias contra las políticas cataríes, el gobierno del país asiático logró implementar una ley que especificaba un salario mínimo y el derecho a la libre elección laboral.
Esta promulgación incluía también importantes reformas como el desmantelamiento del sistema kafala, o de patrocinio (ahora los trabajadores pueden moverse con libertad y pueden cambiar de jefe cuando quieran).
Los cambios en estas normas fueron promovidos por el Sindicato Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (BHI), quien, a cargo de su vicepresidente Dietmar Schäfers, lanzó la campaña “Tarjeta roja para la FIFA - No hay copa del mundo sin derechos humanos”.
“Desde 2016, como sindicato internacional, hemos podido realizar inspecciones periódicas en todas las obras de construcción de la Copa del Mundo en Qatar. Hasta ahora hemos realizado 24 inspecciones con nuestros expertos”, señaló recientemente Schäfers en una entrevista con DW.
Sin embargo, a pesar de que las condiciones salariales y de tratos humanos ha mejorado de manera lenta con el pasar de los años y gracias a la supervisión de ONG’s, aun existen abusos contra los trabajadores.
“Todos los días, los trabajadores de todo el país están a merced de personas sin escrúpulos. Empleadores que orquestan el robo de salarios, condiciones de trabajo inseguras y, a veces, barreras insuperables para la transición laboral. Los empleadores pueden explotar a sus trabajadores con impunidad”, lamentó Katja Müller-Fahlbusch, experta en Oriente Medio de Amnistía Internacional.
“Aún siguen existiendo fuerzas conservadoras, críticas con el proceso de modernización. Se está formando una resistencia a la que le gustaría dar marcha atrás con los cambios en la sociedad; por eso, no hay que perder de vista a Qatar de manera sostenible”, finalizó.
La mexicana Paola Schietekat, de 27 años, trabajaba hasta mediados del año pasado como economista conductual, desarrollando políticas públicas, en el Supreme Committee for Delivery and Legacy, el ente oficial que organiza el Mundial de fútbol Qatar 2022.
En una carta que título “Un mundo que parece odiar a las mujeres”, la joven denunció que el 6 de junio de 2021 un hombre “de la comunidad latina” en Qatar -que ella conocía- ingresó en la noche a su departamento de Doha para agredirla sexualmente.
Ella señaló durante su denuncia que forcejeó con el hombre hasta terminar en el piso con moretones en brazos y espalda. La mujer acudió entonces a la embajada mexicana con fotografías del maltrato y denunció el caso ante la justicia local, regida por leyes islámicas.
Ese mismo día, el agresor manifestó que ella era “su novia”. Para las leyes cataríes, ello supondría una relación sexual fuera del matrimonio, considerado un delito en el país, que según Schietekat le acarrearía un castigo de cien latigazos y al menos siete años de prisión.
“En cierto punto me exigieron una prueba de virginidad. Por alguna razón yo había pasado a ser la acusada”, señaló la denunciante durante una entrevista con la agencia AFP.
La ONG Human Rights Watch (HRW) tomó conocimiento del caso y pidió a Qatar poner fin a este caso judicial. “Las autoridades cataríes deberían abandonar estos cargos que no están reconocidos por el derecho internacional y deberían investigar más bien la agresión física que reportó”, declaró Rothna Begum, experta en derechos de las mujeres de la institución.
HRW también pidió a las autoridades cataríes que proporcionaran un mejor apoyo médico y jurídico a las víctimas de agresiones sexuales, especialmente en el periodo previo a la Copa del Mundo.
“Durante grandes eventos deportivos como la Copa del mundo, el riesgo de violencias sexuales aumenta de manera considerable por el número de personas presentes”, señaló HRW.
En Qatar, “la policía no suele creer a las mujeres que denuncian violencias, en particular las mujeres extranjeras”, subrayó preocupada Behum.
Durante una entrevista recogido por Marca, el presidente del comité organizador de la Copa del Mundo 2022 en Qatar, Nasser Al-Khater, dijo que los seguidores LGTBIQ+ tendrán derecho a viajar al país y asistir a los partidos, pero que “las demostraciones públicas de afecto están mal vistas y esto se aplica a todos”.
“Qatar y los países vecinos son mucho más conservadores y pedimos a los aficionados que respeten. Estamos seguros de que lo harán, así como nosotros respetamos las diferentes culturas, esperamos que la nuestra también lo sea”, señaló Al-Khater.
En Qatar, la homosexualidad es castigada hasta con más de cinco años de cárcel. Y en caso de que los homosexuales sean musulmanes, estos pueden llegar a ser ejecutados. En este país, sus habitantes se rigen bajo la Sharía; la ley que impone el código de conducta de la sociedad, los criterios morales y lo que es aceptado o no.
Contenido GEC