La entrada en vigencia de un paquete de reformas penales, aprobadas el miércoles por el Congreso y que incluyen la cárcel para menores, marcan la ruta que el Gobierno de Nayib Bukele decidió tomar contra las pandillas tras una crisis de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas el fin de semana.
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El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción desde el domingo y este quinto día de suspensión de garantías constitucionales es marcado por estas medidas y los traslados a penales de los detenidos, que suman unos 3.000.
El Gobierno ha declarado que estas acciones son una “guerra contra las pandillas”, como lo hizo su antecesor, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
La detenciones masivas y el endurecimiento de medidas penales contra las maras (pandillas) también fue aplicado por el expresidente Francisco Flores (1999-2004) con su plan Mano Dura.
Las 8 reformas, cuya aprobación concluyó cerca de las 22.00 hora local del miércoles (04.00 GMT del jueves), fueron publicadas en la edición digital del Diario Oficial de ayer mismo, según constató Efe este jueves.
Las medidas fueron aprobadas sin estudio ni discusión parlamentaria y modifican normas como el Código Penal, la Ley Penal Juvenil, el Código Procesal Penal y la Ley Antiterrorismo.
La enmienda al Código Penal establece que la pertenencia a una pandilla se juzgará como agrupaciones ilícitas con penas de 20 a 30 años, mientras que su líderes o financistas enfrentarán condenas de 40 a 45 años.
Hasta antes de esta reforma, los miembros de las maras enfrentaban penas de entre 3 y 5 años de cárcel, y cabecillas de 6 a 9 años.
En la Ley Antiterrorismo se estableció que pertenecer a una pandilla se perseguirá como el delito de agrupaciones terroristas con penas de 15 a 20 años y de 30 a 40 años para los líderes.
Anteriormente las condenas eran de 8 a 12 años para los miembros y de 10 a 15 para los cabecillas.
El Congreso, de mayoría oficialista, también aprobó una enmienda a la Ley Penal Juvenil que establece penas de prisión para los menores de edad a partir de los 12 años. Anteriormente la medida más excepcional era el internamiento.
Los adolescentes desde los 12 años, que de acuerdo al Gobierno serían juzgados como adultos, podrán recibir penas de hasta 10 años de cárcel, mientras que los que tengan cumplidos 16 años serían condenados a hasta por 20 años.
Esta reforma elimina los plazos máximos de las medidas provisionales para los menores y señala que estas serán aplicables hasta tener una “sentencia firme”.
El presidente Bukele difundió en su cuenta de Twitter un video de pandilleros encarcelados y llamó a los padres a mostrarlo a sus hijos.
“Muéstrenles este video a sus hijos adolescentes, explíquenles que entrar a la pandilla solo tiene 2 salidas: la cárcel o la muerte”, escribió.
Al delito de extorsión, una de las principales fuente de ingresos para las pandillas, se le agregó una agravante que si es cometido por miembros de estas bandas la pena será de entre 20 y 30 años, al igual que con el tráfico de drogas.
Los legisladores también aprobaron un refuerzo al presupuesto del Ejército y Ministerio de Seguridad por 80 millones de dólares para adquirir más armamento. Además se emitió una ley de recompensas para quienes den información que ayude a detener a pandilleros.
También se reformó el Código Procesal Penal para crear “medidas de protección” para que no se conozca la identidad de jueces y funcionarios que participen en procesos judiciales.
Esta enmienda también estipula que los miembros de maras podrán ser procesados y juzgados aunque no estén presentes.
Por otra parte, los diputados establecieron que en al menos 13 delitos, como homicidio y desordenes públicos, no se podrá dictar medidas diferentes a la detención preventiva.
La medida además elimina el plazo máximo de prisión provisional de dos años, ahora las personas en general acusadas de homicidio, extorsión y tráfico de drogas estarán bajo esta medida hasta que la sentencia este “firme”.
Al igual que con los adolescentes, con esta medida si alguien es declarado inocente o culpable seguirá en prisión hasta que su caso haya recorrido todas las instancias de apelación, incluido el Supremo.
Para Leonor Arteaga, directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso, estas reformas al proceso penal son contrarias a los “estándares internacionales” y “jurisprudencia nacional”.
Según publicó en su cuenta de Twitter, el Congreso “está haciendo cambios a leyes penales, típicos de manodurismo y terror de Estado” y señaló que se “crea lo que se conoce como jueces ‘sin rostro’”.
“Se dice que protegerán a jueces, lo cual es válido, pero para eso existen otros caminos que han probado ser efectivos, y que no violan normas de #DDHH, como la creación de jurisdicciones especializadas en casos de riesgo, con medidas de seguridad”, indicó la letrada.
Cientos de personas detenidas en el marco del régimen de excepción fueron llevadas este miércoles a centros penales, según constató Efe.
Las detenciones comenzaron el sábado, pero los operativos se intensificaron el domingo y han continuado en estos días, lo que ha dejado unas 3.000 detenciones.
Nuevamente, decenas de familiares de los capturados - en su mayoría mujeres- buscan información y denuncian algunos atropellos a derechos humanos.
Fuente: EFE
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