La violencia volvió a sacudir los campos de Colombia con la masacre de ocho campesinos recolectores de café en una finca del departamento de Antioquia, en el noroeste del país, el último domingo. Esta matanza sigue a una ocurrida el pasado 3 de noviembre en la que cinco personas fueron asesinadas en una zona rural del municipio de Nechí, también en Antioquia, donde fueron atacados a tiros quienes departían en un billar.
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En esa parte del país opera el Clan del Golfo, la mayor banda de delincuencia surgida del paramilitarismo, y que está en disputa con una de sus disidencias por el control de la cadena del narcotráfico.
Al tiempo que el país ponía los ojos en las masacres en Antioquia, llegaba la noticia del asesinato de otras cinco personas en el caserío de El Mango, de la localidad de Argelia, en el departamento del Cauca (suroeste). Según las autoridades, en esa zona del Cauca también hay varios grupos armados ilegales, entre ellos disidencias de las FARC, que se pelean por los cultivos de coca y los numerosos laboratorios para el procesamiento de cocaína.
En tanto, el asesinato de exguerrilleros de las FARC, que se ha cobrado la vida de 243 de ellos, y la inseguridad jurídica para quienes dejaron las armas son las principales sombras que se ciernen sobre el acuerdo de paz de Colombia firmado hace cuatro años, asegura el exjefe guerrillero Rodrigo Granda.
”Un punto vital para nosotros, como es (el de) las garantías de seguridad, no existe. En este momento ya tenemos 243 asesinados del nuevo movimiento político”, dijo Granda en una entrevista con la agencia Efe.
Hace cuatro años, el 24 de noviembre de 2016, el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron en el Teatro Colón de Bogotá el acuerdo definitivo de paz para terminar el conflicto armado de 52 años, sin la pompa de la primera firma que tuvo lugar dos meses antes en Cartagena de Indias.
Ese primer acuerdo firmado el 26 de septiembre fue rechazado por los colombianos en un plebiscito el 2 de octubre, lo que obligó a reabrir la negociación para incorporar propuestas de los promotores del “no” en esa consulta.
Granda, que es el responsable de las relaciones internacionales del partido FARC, recuerda que a finales del mes pasado exguerrilleros de todas las regiones del país hicieron una peregrinación a Bogotá “Por la paz y por la vida”, en rechazo a los asesinatos de sus compañeros.
Esa movilización culminó el 6 de noviembre en una reunión con el presidente colombiano, Iván Duque, que calificaron de “alentadora” porque se tocaron varios asuntos, entre ellos la preocupación por la inseguridad para los desmovilizados.
Al ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), además de la inseguridad física, le preocupa la “inseguridad jurídica” porque dicen que desde el Gobierno se ataca a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creado a instancias del acuerdo.
”Nosotros no tenemos seguridad jurídica porque todos los ataques van concentrados a terminar la JEP y la JEP se constituyó como una justicia transicional para dar el cierre rotundo al conflicto armado en Colombia”, dice.
“Sí, hay violencia, yo no estoy negando que hay violencia, pero es que la guerra en los términos en que se estaba dando en la confrontación con las FARC era de una magnitud asombrosa”, reconoce Granda.
Los opositores al acuerdo de paz esgrimen como argumento que lo pactado cambia el modelo de la economía del país y el rol de las Fuerzas Militares y modifica las reglas para las grandes empresas, pero Granda opina lo contrario.
”No se cambia el modelo económico, no se cambia el rol de las Fuerzas Militares, no se amenaza la estabilidad económica de todos los grupos de poder en el país, lo que pedimos ahí son unas reformas que todo el mundo conoce”, asegura.
Granda, que asegura que las FARC no regresarán a las armas pese a los problemas por los que pasa el acuerdo de paz, achaca también a la falta de voluntad política la demora en la implementación total del acuerdo.
Recuerda que no se ha reformado el sistema electoral colombiano y “todos los días la democracia está más constreñida y, aprovechando la pandemia del coronavirus, se han sacado unos 187 decretos y leyes que van constriñendo cada vez más” los derechos.
Pese a todo, considera que entre las cosas positivas del acuerdo, la más importante fue “haber alcanzado la paz”.
Con información de la agencia EFE
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