La Fiscalía Superior Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima logró que se confirmara la sentencia judicial para que el inmueble de propiedad de Víctor Alberto Venero Garrido, testaferro de Vladimiro Montesinos, valorizada en USD 4´450,395.73, pase a poder del Estado.
De acuerdo con el Ministerio Público, dicho inmueble, ubicado en Santiago de Surco y de propiedad de Víctor Alberto Venero Garrido, fue adquirido con dinero ilícito.
Así, la Fiscalía precisó que la propiedad, que estaba registrada a nombre de Giulio Eduardo Chiauzzi Canales, fue adquirida con ganancias provenientes de actividades ilícitas cometidas por Venero Garrido.
Dichas actividades se encontraban vinculadas a los delitos de colusión desleal, cohecho pasivo propio, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.
Víctor Venero Garrido fue procesado junto al exasesor Vladimiro Montesinos y otros exfuncionarios del régimen del expresidente Alberto Fujimori por delitos de corrupción.
La indagación patrimonial estuvo a cargo del fiscal de la Cuarta Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima, que logró que el Poder Judicial declare fundada la demanda de extinción de dominio respecto al referido bien.
De esta manera, las fiscalías especializadas de extinción de dominio, cuyo coordinador es el fiscal superior Wilfredo Avellaneda Esaine, vienen cumpliendo el propósito de generar la titularidad de bienes de origen lícito a favor del Estado peruano.
TAMBIÉN REPATRIARON 8 MILLONES DE DÓLARES
Hace dos semanas, el Poder Judicial, a través del Subsistema de Extinción de Dominio, logró, para el Estado peruano, la repatriación de una cuenta en Suiza de 8 millones 488 910 dólares, monto que, más los intereses generados hasta la fecha, podría llegar a 10 millones de dólares. El dinero estaba a nombre del empresario israelí Moshe Rostchild Chassin, involucrado en la red de corrupción de Vladimiro Montesinos en la década de los noventa.
Esto se logró luego que la Confederación Suiza admitiera la solicitud de asistencia judicial solicitada por el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en Lima y competencia territorial en los distritos judiciales de Lima, Lima Sur, Cañete e Ica, a cargo del juez Eduardo Torres Vera.
El empresario israelí es investigado por la justicia peruana debido a las comisiones ilícitas que recibió por las diversas adquisiciones efectuadas por las Fuerzas Armadas y Policiales, entre ellos la adquisición de 36 aviones de guerra para la Fuerza Área del Perú (18 MIG29 y Sukhoi-25. Compra que se hizo entre el Estado peruano y el gobierno de Bielorrusia.
PRESO EN BASE NAVAL
En junio del año pasado, el exasesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos fue trasladado de regreso a la prisión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao, en cumplimiento de una orden judicial, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Un año antes, el gobierno de Pedro Castillo lo había internado en el penal de Ancón, luego de que Montesinos fuera acusado de intentar sobornar a miembros del jurado electoral para favorecer a Keiko Fujimori en las denuncias de fraude electoral que hizo sin presentar pruebas contundentes.
Montesinos fue acusado de haber hecho al menos 17 llamadas telefónicas para intentar sobornar a varios magistrados en medio de la campaña promovida por Keiko para intentar revertir los resultados de los comicios presidenciales, que perdió frente a Castillo.
Sin embargo, el pasado 13 de junio del 2022, la Sala Penal de Apelaciones del distrito de Puente Piedra, en el norte de Lima, ordenó el retorno del exasesor a la prisión naval, donde seguirá cumpliendo sus condenas por corrupción y violación a los derechos humanos.
El tribunal revocó una resolución que declaró improcedente una demanda de habeas corpus que presentó Montesinos contra Susana Silva, la expresidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quien ordenó en agosto su traslado a la prisión de Ancón.
El juzgado señaló que se había vulnerado “su derecho constitucional al trato digno”, por lo que consideró “inaplicable” la orden de traslado, que comprende la aplicación del régimen carcelario especial.
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