NO LO SUELTAN. El Poder Judicial amplió por 18 meses la prisión preventiva impuesta a Pedro Castillo en su proceso por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. El expresidente es acusado por rebelión y enfrenta un pedido de 34 años de prisión que está en fase de control de acusación, la etapa previa al juicio.
En segunda instancia, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundada la apelación de la fiscalía contra una resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley. En junio pasado, el magistrado accedió ampliar la prisión preventiva, pero solo por 14 meses.
En la apelación, el Ministerio Público pidió que la ampliación sea por 18 meses, tal como había pedido originalmente, y la sala accedió. Adicionalmente, se rechazó la apelación de la defensa de Pedro Castillo que buscaba que se revoque la orden de prisión preventiva.
Según informó el Poder Judicial, la sala tomó esa decisión tras “inferir la subsistencia del peligro de fuga, más aún si el proceso tiene un largo tramo para su culminación dentro de un plazo razonable (…), por lo cual corresponde prolongar la prisión preventiva”.
El 6 de junio, durante la audiencia en la que se evaluó el pedido para ampliar por 18 meses la prisión preventiva, Galinka Meza Salas, fiscal adjunta suprema, sostuvo que “sigue latente” el peligro de que Pedro Castillo fugue del país si no está en prisión, tomando en cuenta que su esposa y sus hijos están en México desde diciembre del 2022.
“Es un hecho notorio que su familia nuclear (esposa e hijos) se encuentra asilada en el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos”. Incluso citó los informes periodísticos que dan cuenta de que su esposa, Lilia Paredes, recibiría US$ 10 000 dólares mensuales de ese gobierno.
“Al no tener a su familia en el Perú, no tendría arraigo familiar [...] Ante un riesgo de imposición de una pena de 34 años que solicita la fiscalía suprema, podría rehuir a la justicia para refugiarse en un país como México. Dada las notorias simpatías mostradas por el gobierno mexicano hacia la familia Castillo Terrones, aparece como un riesgo [que] si el procesado se encuentra en libertad, buscaría el asilo político de ese país”, dijo.
Como se recuerda, el 7 de diciembre del 2022, mediante un mensaje a la Nación, el entonces presidente Pedro Castillo ordenó el cierre del Congreso y la reorganización del Poder Judicial y el Ministerio Público, así como de otras instituciones autónomas.
Tras estos hechos, el exmandatario fue acusado por el presunto delito de rebelión y enfrenta un pedido de la Fiscalía de 34 años de cárcel.
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