El nombre de Gianmarco Castillo Gómez volvió a aparecer en la escena pública, esta vez no por una diligencia fiscal ni por una movilización, sino por su vínculo laboral con el Congreso de la República. Según un informe difundido por Cuarto Poder, el sobrino del expresidente Pedro Castillo figura como contratado en el despacho del congresista Roberto Sánchez.
De acuerdo con el dominical, Castillo Gómez ocupa el cargo de coordinador en dicho despacho desde abril de este año y percibe un salario mensual de S/ 3,146.11. Sin embargo, el reportaje sostiene que no desempeña funciones en el lugar donde oficialmente debería trabajar.
Las cámaras del programa lo ubicaron en reiteradas ocasiones en los exteriores del penal de Barbadillo, en Ate, donde su tío cumple una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El 21 y el 27 de noviembre, siempre según Cuarto Poder, Gianmarco Castillo coordinó movilizaciones en demanda de la liberación del exmandatario. Pese a ello, negó tener participación directa en dichas acciones cuando fue consultado por la periodista del dominical.
El congresista Roberto Sánchez, exministro de Pedro Castillo y actual candidato presidencial por Juntos por el Perú, evitó responder sobre la contratación del sobrino del exjefe de Estado. El informe también señala que otros trabajadores de su despacho fueron captados realizando actividades ajenas a sus funciones parlamentarias.
Gianmarco Castillo tiene, además, una orden judicial de comparecencia con restricciones por presuntos delitos vinculados a organización criminal, colusión y tráfico de influencias, en el marco del caso Puente Tarata III. La Fiscalía lo señala junto a su primo Freddy Vásquez Castillo como integrantes del llamado “gabinete en la sombra” del expresidente.
Según la investigación fiscal, ambos acudían con frecuencia a la casa de Sarratea, utilizada como centro estratégico durante la campaña del 2021 y como espacio de reuniones no oficiales, donde se habrían gestionado acuerdos ilícitos.
Al ser abordado por Cuarto Poder, el sobrino del expresidente se excusó de declarar alegando que necesita un permiso oficial del Congreso. “Yo le puedo detallar todo, pero para eso necesito un permiso oficial. Primero debo obtener autorización del Congreso para poder hablar”, afirmó ante las cámaras.
El reportaje también identificó a Ernesto Zunini Yerren, secretario general nacional de Juntos por el Perú y candidato a diputado por Lambayeque, quien labora como técnico en el despacho de Roberto Sánchez con un sueldo superior a los siete mil soles mensuales. Zunini fue visto igualmente en los alrededores del penal de Barbadillo.
Cuando se le consultó, evitó dar declaraciones y señaló que se encontraba en semana de representación. “Estamos en semana de representación y estamos acompañando actividades del despacho”, dijo antes de cortar la comunicación.
Las imágenes difundidas muestran además a Merardo Osorio Canturín, asesor principal del despacho, participando en actividades políticas en horario coincidente con su jornada laboral en el Congreso. En su caso, la remuneración supera los 12 mil soles mensuales.
El dominical recordó también el caso de Irma Castillo, hermana del expresidente, quien recibe un sueldo de cuatro mil soles como coordinadora administrativa en la municipalidad de Lurigancho Chosica, pero no acudiría a su centro de labores y participaría en actividades políticas de Juntos por el Perú durante su horario de trabajo.
Consultado sobre estas situaciones, el experto en contrataciones del Estado Diego Montoya calificó los hechos como un “escándalo” y advirtió que podrían vulnerar la Ley de Neutralidad Electoral. Según señaló, la responsabilidad recaería directamente en el congresista Roberto Sánchez, como titular del despacho, por el uso de personal y recursos públicos en actividades de campaña.
Mientras tanto, el informe de Cuarto Poder deja en evidencia un patrón de trabajadores del despacho congresal captados fuera del Parlamento y participando en actividades políticas, en un contexto marcado por investigaciones fiscales y el inicio de la carrera electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026.
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