El presidente de la República, Pedro Castillo, asumió el cargo el pasado 28 de julio luego de superar en segunda vuelta a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en una elección que se definió por un ajustado margen. Desde entonces, el mandatario ha afrontado una serie de escándalos causados por miembros de su equipo de confianza o sus polémicas decisiones.
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En estos cinco meses de gestión ya se ha presentado una moción de vacancia en su contra, bajo la causal de incapacidad moral permanente. Si bien esta iniciativa no consiguió los 52 votos necesarios para ser admitida a debate, es una muestra de que los desaciertos del Gobierno tienen una repercusión en la representación nacional.
A los pocos días de haber asumido como jefe de Estado, Pedro Castillo nombró a Guido Bellido, parlamentario de Perú Libre, como su primer presidente del Consejo de Ministros. El viernes 30 de julio era el día señalado para que el resto del Gabinete jurar en sus cargos. La ceremonia estaba programada para las 8 de la noche en Centro de Convenciones de Lima, en San Borja.
Sin embargo, el evento se retrasó por más de tres horas por decisiones debido a que todavía no estaban definidos los nombres que integrarían el primer equipo del presidente. Finalmente, pasadas las 11 de la noche, y en medio de rumores y críticas, Castillo Terrones tomó juramento a 16 ministros. Las carteras de Economía y Justicia quedaron vacantes. Recién al día siguiente Pedro Francke y Aníbal Torres fueron nombrados en las mencionadas carteras.
Con apenas cuatro días en el Gobierno, el Ministerio de Trabajo, encabezado entonces por Íber Maraví, inscribió en el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), el gremio que fundó el hoy presidente Pedro Castillo en el 2017.
Casi un año antes, el 2 de enero del 2020, la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos declaró “denegada” la solicitud hecha por el ahora mandatario, quien figuraba como el secretario general.
Héctor Béjar juró como ministro de Relaciones Exteriores en el primer Gabinete de Pedro Castillo y se convirtió en el primer integrante del equipo ministerial en abandonar el cargo, antes de cumplir un mes en el puesto.
Su salida se dio luego de la ola de críticas que generó que un programa dominical difundiera declaraciones suyas, dadas antes de encabezar la cartera, en las que afirmaba que fue la Marina de Guerra la que inició con el terrorismo en el Perú.
En el audio se le oye decir “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente; han sido entrenados para eso por la CIA”. Su renuncia se produjo cuando ya se había presentado una moción de interpelación en su contra.
El 30 de setiembre, el titular del Ministerio de Trabajo, Iber Maraví, acudió al Palacio Legislativo para responder siete interrogantes del pliego interpelatorio y esclarecer sus presuntos vínculos con atentados terroristas sucedidos en Ayacucho en la década de los ochenta.
Maraví también fue cuestionado por su supuesta relación con los terroristas Arturo Morote, Hildebrando Pérez Huarancca y Edith Lagos, y su participación en actos delictivos ocurridos entre junio de 1980 y mayo de 1981 en Ayacucho.
Sin embargo, la exposición del ministro no resolvió las dudas de la representación nacional. Congresistas de las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú - Partido Morado, Renovación Popular y Podemos Perú exhortaron a Maraví Olarte dar un paso al costado en el cargo.
Cuando se alistaba una censura en su contra, el Gobierno de Pedro Castillo realizó una renovación en su Gabinete Ministerial, entre los cambios estuvo la salida de Maraví y el ingreso de la actual titular del sector, Betssy Chávez.
También en el mes de setiembre, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, amenazó con nacionalizar el gas de Camisea. Bellido Ugarte, quien además es legislador de Perú Libre, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente:
“Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, amenazó Bellido vía Twitter.
El pronunció una ola de críticas en el Congreso, el sector empresarial y la población en general; además de incrementar el precio del dólar. Fue tan grande la repercusión del expremier que el propio presidente tuvo que aclarar en la misma red social que todas las acciones de su Gobierno se darán en el marco del Estado de derecho.
“Como Gobierno del Pueblo, somos y seremos respetuosos con la libertad de empresa. El gasoducto que llevará el gas al sur del país es nuestra prioridad, así como su masificación en beneficio de todos los peruanos. Ese es nuestro compromiso asumido con el pueblo y lo cumpliremos”, escribió en Twitter.
Pese a esta aclaración, la situación del Gabinete se hizo insostenible por las presiones del Congreso y las voces dentro del propio Consejo de Ministros que eran contrarias a la presencia de Guido Bellido. Fue así que en octubre, Castillo Terrones nombró a Mirtha Vásquez como su nueva titular de la PCM.
La tercera semana de octubre otra polémica decisión del Gobierno hizo que otro poder del Estado tenga que intervenir, pero esta vez no fue el Congreso sino el Poder Judicial. El Ejecutivo propuso a Richard Rojas como embajador del Perú en Venezuela.
Frente a esta decisión, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó seis meses de impedimento de salida del país contra Richard Rojas, dirigente de Perú Libre investigado por presunto lavado de activos.
Rojas García –inicialmente propuesto como embajador en Panamá– es investigado por el supuesto financiamiento ilegal a la campaña de Perú Libre en las recientes elecciones generales.
El mes de noviembre empezó con otro escándalo para el Gobierno cuando Latina reveló que el ministro del Interior, Luis Barranzuela, hizo una fiesta por Halloween en su domicilio, pese a las restricciones vigentes impuestas por su propio sector, para prevenir contagios de COVID-19.
Imágenes de Latina captaron el momento en el que el ministro abre la puerta de su domicilio y evita brindar declaraciones a la prensa. Los vecinos de la zona solicitaron la presencia de agentes policiales puesto que se encontraban incómodos con la música criolla a todo volumen.
Quien también se hizo presente en esta reunión prohibida, fue el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, quien, al ver la presencia de cámaras, salió raudamente del domicilio y se subió a la camioneta de su abogado, Ronald Atencio.
El escándalo fue mayúscula pues Barranzuela defendió su inocencia pese a la contundencia de las imágenes. Afirmó, incluso, que se trataba de una reunión de trabajo. La noticia llegó a circular en medios internacionales por su carácter paradójico: la máxima autoridad de la policía incumplía las normas que días antes había afirmado que haría cumplir a la ciudadanía.
Finalmente, Barranzuela Vite renunció al puesto y fue reemplazado por el exfiscal Avelino Guillen, quien actualmente lidera el sector Interior.
El mes de noviembre traería nuevos casos polémicos en el Gobierno, uno de los más importantes fue la denuncia formulada por los excomandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea, José Vizcarra y Jorge Chaparro, respectivamente, quienes señalaron que hubo presiones desde el Ejecutivo para el ascenso de determinadas personas, sin considerar un criterio meritocrático.
Los principales implicados por este caso fueron Walter Ayala, entonces ministro de Defensa, Bruno Pacheco, entonces secretario presidencial. Los recomendados por el gobierno para el ascenso eran los coroneles EP Carlos Ramiro Sánchez Cahuancama y Ciro Bocanegra Loayza, natural de Tacabamba, el mismo distrito donde nació el presidente Pedro Castillo.
Ambos oficiales ‘recomendados’ visitaron días antes y en pleno proceso de ascensos al secretario del despacho presidencial y al congresista del partido de gobierno Elías Varas Méndez, según los registros de visitas de las instituciones del Estado.
Tanto Ayala como Pacheco negaron estas versiones, pero las críticas y el pase a retiro tanto de Vizcarra como de Chaparro llevaron Ayala González a dar un paso al costado, cuando ya había una moción de interpelación y se había anunciado una de censura.
El arranque del mes de diciembre tuvo para el presidente Pedro Castillo una nueva crisis, pues se reveló que se había reunido con la empresaria Karelim López, quien ha contratado con Estado durante diferentes Gobiernos y es investigada por el Ministerio Público por irregularidades en la Licitación n.º 01-2021-MTC/12 “Construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga – provincia de Mariscal Cáceres – Región San Martín”.
Karelim López ha visitado hasta en tres oportunidades al presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Según el registro electrónico del Ejecutivo, éstas se produjeron el 27 de agosto, así como el 17 y 18 de octubre.
Días después de las reuniones en Palacio de Gobierno, la empresaria llegó hasta la vivienda ubicada en el Pasaje Sarratea (Breña) que era visitada intermitentemente por Pedro Castillo, entre octubre y noviembre.
Según un video difundido por Cuarto Poder, Karelim López llegó el 19 de noviembre a las 10:12 p.m y permaneció en su interior hasta las 10:55 p.m.
El caso de López ha vuelto a tomar fuerza, pues IDL Reporteros reveló que López se habría propuesto como colaboradora eficaz, ofreciendo información sobre dinero que habría entregado al entonces secretario presidencial Bruno Pacheco y que tendría como destino final al presidente Castillo. Sin embargo, el Ministerio Público habría rechazado este ofrecimiento pues López no habría aceptado culpabilidad en el caso, algo que es un requisito.
Este caso se encuentra todavía en investigación. El abogado de López, César Nakazaki, afirmó que la versión difundida por IDL es falsa y que jamás ocurrió tal ofrecimiento de información.
El último 19 de noviembre, el fiscal anticorrupción Marco Huamán realizó una diligencia en Palacio de Gobierno. Específicamente, en las oficinas del secretario general Bruno Pacheco, quien había renunciado ese mismo día vía Twitter, por el escándalo que produjo una serie de chats en los que buscaba generar presiones en altos mandos de la Sunat.
Ese mismo día -según se conocería días después- se hallaron US$20 mil en efectivo en una gaveta del baño de la oficina de Pacheco. El exfuncionario reconoció que era su dinero y que era producto de sus ahorros.
El personal de la fiscalía procedió también a realizar fotocopias de los billetes, que se anexaron al acta en 50 folios. Asimismo, Pacheco se comprometió a “acreditar en el término más breve el dinero exhibido”.
El último remesón político del gobierno se produjo el último 18 de diciembre, cuando el procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, denunció ante la fiscalía de la Nación al presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, por el caso Provías y la buena pro que obtuvo el consorcio vinculado a la empresaria Karelim López, con quien el jefe de Estado se reunió en varias oportunidades.
Según la denuncia, las reuniones entre la empresaria Karelim López y el presidente Castillo se habrían realizado para que el mandatario intercediera a fin de que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro de una obra.
La decisión del procurador se conoce horas después de que el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima iniciara un operativo simultáneo de allanamiento y registro personal de inmuebles y bienes Karelim López y el ex secretario presidencial Bruno Pacheco como parte de la investigación por tráfico de influencias.
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