La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, también emitió una segunda disposición con la que abre investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por la presunta injerencia en los ascensos en las Fuerzas Armadas.
En este caso, se le atribuye al mandatario los presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
Avalos Rivera también abrió investigación preliminar a Castillo Terrones por los presuntos delitos contra la administración pública (tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor) y colusión (en calidad de partícipe) en agravio del Estado.
En esta investigación, existen hechos atribuibles al jefe de Estado en la licitación del proyecto Puente Tarata III (San Martín) y en la licitación para abastecer de Biodiesel B100 a Petroperú, en el período enero–abril 2022.
De esta manera, se le atribuye a Pedro Castillo haber intervenido –indebida e indirectamente– en el proceso de licitación pública para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga (San Martín) a fin de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Descentralizado, otorgue la buena pro a favor del consorcio Puente Tarata III.
Al jefe de Estado también se le atribuye haber intervenido –indebida e indirectamente– en el proceso para la adquisición de Biodiesel B100 en el mercado local para el período enero-abril 2022, con la finalidad de que la empresa Heaven Petroleum Operator, dirigida por Samir Abudayeh, gane un contrato por la suma de US$ 74 millones.
Es importante indicar que el inicio de los actos de investigación quedará suspendido hasta la culminación de su mandato presidencial en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal.
Esta es la segunda vez, en la historia del Ministerio Público, en la que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abre investigación a un presidente de la República durante el ejercicio de su cargo.
Como se recuerda, el primer antecedente se registró en octubre de 2020, cuando Ávalos Rivera dispuso abrir investigación al entonces presidente Martín Vizcarra por sus vínculos con Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, quien se vio favorecido con diversas contrataciones en el Ministerio de Cultura.
La investigación fue suspendida toda vez que Vizcarra Cornejo se encontraba en el ejercicio de sus funciones como presidente de la República.
No obstante, una vez que dejó el cargo, luego de ser vacado por el Congreso de la República, la fiscal de la Nación emitió una nueva disposición para iniciar los actos de investigación. Culminada esta etapa, se formuló la correspondiente denuncia constitucional contra Martín Vizcarra ante el Parlamento.
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