El Congreso de la República aprobó este viernes 15 de julio recomendar acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo ante la Fiscalía de la Nación por delitos comunes.
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Por 72 votos a favor, 40 en contra y cero abstenciones, la representación nacional dio luz verde al informe final en mayoría aprobado en la Comisión de Fiscalización de ese poder del Estado.
Asimismo, por 39 votos a favor, 70 en contra y cero abstenciones, se rechazó una cuestión presentada por Álex Paredes (Bloque Magisterial) para votar por separado las recomendaciones referidas a formular acusación constitucional contra Castillo Terrones por delitos comunes.
El informe final contiene las conclusiones y recomendaciones de las investigaciones en torno a presuntos hechos irregulares que habría cometido Castillo Terrones, ministros y personajes del entorno presidencial en los casos denominados “Casa Sarratea y SBN”, “Puente Tarata III” e “Injerencias en ascensos en las Fuerzas Armadas”, “Injerencias ante el superintendente de la Sunat” y “El hallazgo de 20 mil dólares en Palacio de Gobierno”.
En al Caso Sarratea, la Comisión de Fiscalización recomendó a la Comisión Permanente del Congreso denunciar constitucionalmente ante el Pleno a Pedro Castillo por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias.
Asimismo, también recomienda formular acusación constitucional contra el exministro Juan Carrasco Millones por la presunta comisión de los delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias.
Respecto al Caso Puente Tarata II, la Comisión de Fiscalización propone formular acusación constitucional contra el mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Se recomienda lo mismo para el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, además de remitir el informe a la Fiscalía de la Nación, a efectos de que emita el pronunciamiento correspondiente sobre la situación de Castillo Terrones.
En las conclusiones el informe señala que está corroborado que, desde el 28 de julio 2021, el jefe de Estado lidera una organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares que estaría enquistado en el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
La comisión asegura que valiéndose de información privilegiada en materia de contrataciones designación de funcionarios y otras facultades, el mandatario habría cometido delito de colusión condicionando el otorgamiento de contrataciones a favor de determinados postores a cambio de beneficios de índole económico.
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